Solo 1 de cada 100 feminicidios obtiene sentencia

  • Familiares de víctimas de este delito exigen al Fiscal agilizar carpetas de investigación; hay órdenes de aprehensión pendientes desde hace 2 años

Carlos Moreno Carreto

TOLUCA, México, 26 de Febrero de 2019.- Encabezados por la activista identificada como Frida Guerrera VIllalvazo, un grupo de padres de víctimas de feminicidios se reunieron con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez; entre los asistentes estuvieron los padres de  Ximena, la menor asesinada en Valle de Chalco el 1 de enero de 2019, caso considerado como el primer feminicidio de este año en la entidad.

Lo anterior para plantear estrategias y exigir se dé solución a las carpetas de investigación de 18 casos radicados, con el mismo número de familias que acudieron a la reunión con Gómez Sánchez, en su mayoría provenientes del Valle de México.

Antes de entrar a la reunión con el Fiscal General del Estado de México, Frida Guerrera informó que solo 1 de cada 100 feminicidios obtiene sentencia en la entidad mexiquense.

Acompañada de madres de mujeres desaparecidas y de otras que perdieron la vida de forma violenta, la activista señaló que esta es la tercera reunión que se tiene con el  fiscal Alejandro Gómez Sánchez; la primera se dio el pasado 26 de octubre con un grupo de 30 personas.

“De enero a la fecha se han registrado 29 feminicidios, aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad solo reporta nueve casos durante 2019”, indicó.

Aseguró que más allá de ampliar la Alerta de Género a los 125 municipios de la entidad, es necesario que el personal de la Fiscalía que lleva estos casos esté mejor capacitado para mejorar el seguimiento de los feminicidios.

“Parece mentira que desde el año 2014 haya tres órdenes de aprehensión en contra de un homicida y la fecha no se haya podido detener y consignar”, precisó.

Finalmente, dijo que sociedad civil y autoridades deben trabajar de manera conjunta para evitar este alto índice de feminicidios, que las autoridades puedan levantar las denuncias de manera más ágil y que la sociedad civil denuncie sin miedos.

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