- Presenta PAN propuesta de reforma a la Ley del Adulto Mayor
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 10 de Enero de 2020.- Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México entre el 8 y 18 por ciento de población adulta mayor ha sufrido maltrato y agresiones, mientras que información del Instituto Belisario Domínguez señala que la tasa de suicidio de los adultos de 60 y más años es la más alta, ubicándose en 9.7 por cada 100 mil habitantes, aunque se ha incrementado en las últimas dos décadas.
Por ello, con el propósito de que en la Ley del Adulto Mayor del Estado de México se prevea como formas de violencia, la psicológica, física, sexual, económica y patrimonial ejercidas en contra de este sector de la población, la diputada Brenda Escamilla Sámano, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), informó que presentó una iniciativa para reformar dicho ordenamiento.
“De aprobarse la propuesta, se establecería como violencia contra las personas adultas mayores cualquier acción o conducta que resulte en daño o sufrimiento ya sea físico, sexual o psicológico o bien la muerte”, añadió.
Agregó que se entendería la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, ya sea negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
“La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y ponga en riesgo su derecho a la vivienda, a los servicios básicos que el Estado debe proveer, a su persona, posesiones, bienes, comunidad y lugar de residencia”, agregó.
Por último, añadió que la iniciativa también se refiere a la violencia económica, que sería toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.