Visión Puntual

Por: José Contreras Contreras

Ley a la fuerza

 

Con el rechazo absoluto de más de 80 mil miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios (SUEYM), así como de casi la mitad de los legisladores mexiquenses, los diputados priistas, de Nueva Alianza y Verde Ecologista pretenden hacer sentir el poder que todavía les queda para aprobar reformas a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para, entre otras gracias, convertir el sistema de pensiones que desde hace décadas el Estado de México ponía como ejemplo en todo el país, por un mecanismo de Afores, ese que ha dado nulos resultados a los trabajadores que se jubilan recientemente en México.

Como si no fuera suficiente el odio social que arrastran los representantes populares y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), todavía pretenden echarse a cuestas tres de las medidas más impopulares que han llegado por lo menos en el último año a la Legislatura mexiquense: reformar la Ley de Seguridad Social, volver a endeudar a la entidad con 5 mil millones de pesos para “reestructurar” lo que ya debe, y, por si fuera poco, aprobar la reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México ampliamente rechazada por la auténtica comunidad de alumnos y maestros de la UAEM.

Las primeras dos propuestas de reforma, a la Ley de Seguridad y la de reestructuración de la deuda pública del Estado de México, apenas llegaron el viernes anterior a la Legislatura mexiquense, provenientes de la oficina del Ejecutivo mexiquense, y ya para el lunes estaban siendo votadas en las comisiones legislativas respectivas, lo que pone de manifiesto la “prisa” con la que se intenta aprobar ambas iniciativas.

Sería necesario ver ¿cuál es la prisa? Pues simple, ambas propuestas no pasarían ni a mentadas de madre en la próxima Legislatura local, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá mayoría definitiva y obviamente jamás permitiría que dieran ese tipo de golpes laborales y económicos a esta entidad.

Legislatura mexiquense, con ganas de «madrugar» por leyes impopulares.

Para quien no esté muy enterado, trataré de hacer un apretado resumen de qué es lo que se pretende con esas iniciativas de ley, para que se comprenda por qué Morena jamás permitiría que se aprobaran y, de paso, por qué la prisa del Ejecutivo mexiquense para sacarlas adelante antes de que la integración de la Legislatura local sea distinta a la que hoy se tiene.

Sobre la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, hay que decir que propiamente hablando es la que rige el accionar del organismo identificado como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), que es un órgano creado ex profeso en la entidad mexiquense para brindar servicios y seguridad social a quienes trabajan en los gobiernos estatal y municipales de esta localidad.

El ISSEMYM brinda, entre otras cosas, servicios médicos a los trabajadores gubernamentales, hasta hace poco funcionaba también como una caja popular de los trabajadores pues brindaba préstamos económicos, para la adquisición de viviendas, electrodomésticos e incluso para que se fueran de vacaciones con sus familias; además de ser la instancia responsable de garantizar el día después a quienes se retiraban del servicio público. Todo eso y más hizo el ISSEMYM en un pasado no muy lejano, hace no más de una década, antes de caer en malas administraciones que simplemente lo dejaron sumido en la quiebra.

La última que yo recuerdo que sacó la cara por el ISSEMYM fue Carolina Monroy, quien recibió ese organismo como directora prácticamente quebrado, pero que con reingeniería financiera, ahorros, disciplina y honestidad, lo entregó no solamente en números negros nuevamente, sino con 10 años de garantía en las pensiones y prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado de México y Municipios.

Pero después de Carolina Monroy llegaron una serie de tecnócratas de esos que asistieron a buenas escuelas privadas, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pero que evidentemente no entraban a clases, pues resultaron incapaces de hacer siquiera lo mínimo indispensable para mantener a flote al organismo.

Gracias a esas pésimas administraciones en el ISSEMYM, el organismo se encuentra ahora incapacitado técnicamente para seguir adelante porque ya no tiene dinero para cumplir con sus objetivos prioritarios: brindar servicios médicos y garantizar la jubilación y pensión de los trabajadores gubernamentales.

Crisis del Issemym, producto de malas administraciones.

Por eso ahora se les ocurrió al “brillante” idea de que los que otorgaron más de 30 años al servicio del Estado de México y municipios simplemente se rasquen con sus propias uñas cuando alcancen la edad jubilatoria y, si en el transcurso de su vida laboral son capaces de ahorrar para el futuro, pues podrán tener algo digno que llevarse a la boca, pero si no, pues quizá se mueran de hambre o vivan en la paupérrima, porque la administración estatal piensa hacerse a un lado para “modernizar” ese sistema de pensiones vía una AFORE.

¿Qué es una AFORE? Es un esquema financiero creado por otros brillantes “tecnócratas” que implemente consiste en una cuenta de ahorro en un banco u organismo financiero en el que el trabajador aportará una parte de su salario mientras produzca, y el gobierno, como su patrón, aportará otros pesos, además de que tiene la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias; es decir, si le queda de lo “mucho” que gana, en lugar de comprar algo a su familia lo puede depositar en esa cuenta para cuando se retire del empleo.

Cuánto puede un trabajador reunir en esa cuenta en su vida laboral. Una mugre. Cuánto aportará el gobierno estatal o municipal a esas cuentas, como patrón que es de esos trabajadores. Pues otra mugre, por lo que cuando se retire de la vida útil, bajo esquema, tendrá un par de mugres para esperar una muerte digna.

De acuerdo con análisis del sector obrero del país, donde los trabajadores ya están sujetos a ese esquema de AFORES desde hace décadas, nadie puede vivir después de retirarse del empleo con lo que reúne en esa cuenta, lo que los ha empujado a los jubilados al subempleo, a alargar su vida activa y a morirse antes de cobrar su dinero, porque ese trámite también es engorroso, burocrático y más lento que la reforma agraria que lleva 100 años sin concluirse en este país.

Eso es, en resumidas cuentas, lo que pretenden los diputados actuales aprobar; es decir, quitar la responsabilidad al gobierno estatal de sus ex empleados, ya en el retiro, simplemente porque alguien “desapareció” el dinero que antes era mucho, o por lo menos suficiente, para garantizar una vida digna a los ex trabajadores del gobierno estatal y municipales.

Obviamente se trata de una medida impopular que pretenden “madrugar” los actuales legisladores, sobre todo los priistas y sus aliados, porque la administración mexiquense sabe perfectamente que eso jamás lograrían aprobarlo con una Legislatura plagada de diputados de otro partido, sobre todo de Morena.

 

Más deuda

 

Por lo que hace a la reestructuración de la deuda pública del Estado de México, eso puede verse de una manera más simple, pues lo que se pretende es el permiso para contratar un crédito de 5 mil millones de pesos para pagar parcialmente lo mucho que ya se debe.

La no contratación de deuda pública fue un principio financiero que mantuvieron las administraciones de Emilio Chuayffet Chemor, César Octavio Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y hasta Eruviel Ávila Villegas. Se trataba de rascarse con uñas propias para enfrentar el pago de la deuda, vía recaudación de impuestos y sacrificio de parte de las participaciones federales que se recibían, en lugar de caer en la tentación de nuevos créditos, porque, en esencia, es que el nuevo esquema sugerido, el de la “reestructuración”, es, como decía la abuela, tapar un hoy abriendo otro.

Rodrigo Jarque Lira, poco éxito en el manejo de la deuda pública del Estado de México.

Pero eso es a lo que se le está apostando en la actual administración de Alfredo del Mazo Maza, y eso que la misma llegó precedida de un buen prestigio, sobre todo por alguna vez estar al frente del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) al que también perteneció el ahora secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México,  Rodrigo Jarque Lira.

Pero parece que las cosas no están saliendo bien es esa área, porque para que se pretenda entrarle a la tentación del endeudamiento es que no se ha sido capaz de manejar adecuadamente la administración de los recursos público disponibles y menos de gestionar mejores condiciones de pago ante los bancos con los que ya se tienen adeudos.

Por eso, más rápido que inmediatamente, se está presionando en la Legislatura local el permiso para adquirir ese crédito de 5 mil millones de pesos que de modo alguno se invertiría en infraestructura o mejores servicios para los mexiquenses, sino directamente para pagar parcialmente lo mucho que ya se debe.

Los argumentos son numerosos y técnicamente difíciles de comprender para una amplia mayoría, por eso aquí hacemos un esfuerzo para simplificar ese lenguaje financiero y decir lo que en esencia se pretende: un nuevo préstamo para pagar los anteriores. “Abrir un hoy para tapar otro”. A qué razón tenía la abuela.

 

La advertencia de Morena

 

Diputados electos al Congreso del Estado de México del Movimiento de Regeneración Nacional ofrecieron ayer una conferencia ante representantes de medios de comunicación, en la cual, primero, hicieron un llamado al gobernador Alfredo del Mazo Maza y a los actuales diputados de PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista para que no caigan en la tentación del “albazo” legislativo para aprobar a prisa estas iniciativas.

En segundo término aclararon que, si las aprueban, lo primero que harán cuando sean diputados mexiquenses, en no más de un mes y cachito, será derogar esos acuerdos para que no se concreten ni la llamada reestructuración de la deuda estatal ni la reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Maurilio Hernández, a nombre de los diputados electos de Morena, dijo que hacen un “extrañamiento” al gobernador Alfredo del Mazo y a los actuales diputados por pretender concretar esas reformas que a todas luces son contrarias a los mexiquenses, una porque daña el futuro de quienes ahora sirven en el gobierno y la otra porque empeñará el futuro financiero de esta entidad.

Los diputados electos de MORENA, todavía no llegan y ya amenazan.

Señalaron que más tardarán en aprobar esas reformas que ellos en echarlas abajo, pues son contrarias a los principios de austeridad establecidas por el gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador y también van en sentido contrario de la mejora a la calidad de vida que la próxima administración federal pretende a favor de todos los trabajadores del país.

Ya en corto, fuera del acto público, Maurilio Hernández advirtió que lo mismo pasará si los actuales diputados pretenden aprobar en lo oscurito y rapidito a pretendida reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre la cual señaló que académicos, empleados y alumnos de la UAEM ya se acercaron a diputados morenistas para plantear sus inquietudes y advertir que es un intento de imposición de la autoridad universitaria que va en contra del sentir de la comunidad universitaria.

Así es que ya está claro que el “madruguete” que presuntamente pretenden realizar los diputados priistas, quienes buscan patalear hasta el último día de su gestión para hacer sentir que son la mayoría legislativa, ya tiene una oposición clara, la cual tomará forma en unos días más, cuando los ahora electos rindan protesta como diputados en activo y entonces se conviertan en una pared de frontón donde, se ve desde ahora, rebotarán todas estas “linduras” que pretenden concretar desde las oficinas de Lerdo 300.

 

Seguridad “en privado”

 

Lo que sucede en el ámbito de la seguridad pública es un asunto de máximo interés para todos los mexiquenses, de hecho es la principal preocupación de quienes habitan en el Estado de México, así quedó de manifiesto en múltiples sondeos realizados previo a la elección del 1 de julio, a grado tal que muchos aspirantes a cargos de elección popular colocaron el tema como prioridad en sus agendas.

Todos en esta entidad estamos interesados en lo que se hace y deja de hacerse por mejorar la seguridad; sin embargo, para la señora Maribel Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el tema debe tratarse a puerta cerrada, porque quizá para ella solo tiene interés para si misma y sus cuates. Pero eso no es real.

La titular de Seguridad de esta entidad fue invitada a la sesión de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, para que expusiera ante los comerciantes establecidos de esta región precisamente qué es lo que está haciendo para mejorar la situación que guarda su sector.

Sin embargo, contrario a la tradición de la CANACO de dar la mayor publicidad a las acciones de trabajo del sector, la sesión en la que participó Maribel Cervantes se llevó a cabo a puerta cerrada, no porque los comerciantes lo desearan así, sino porque solo así aceptó la jefa de la policía estatal acudir a la reunión con los miembros de la iniciativa privada.

Maribel Cervantes, seguridad pública, pero en privado.

Sin prensa, sin cámaras de video ni de fotografía, y dicen que hasta solicitaron sus colaboradores que se abstuvieran los presentes de grabar o imprimir gráficas con sus teléfonos y dispositivos electrónicos.

Así, en secretito, a las escondidillas, es como se arreglan los asuntos de seguridad pública en esta entidad. Obviamente podrán argumentar muchas cosas Maribel Cervantes y colaboradores, como el hecho de que se requiere secrecía cuando se habla de estrategias de seguridad para que los “malos” no se enteren de lo que están haciendo los policías para atraparlos, lo cual resulta, en los hechos, un cuento que nadie cree.

Ojalá las puertas cerradas hayan servido para que la titular de Seguridad en esta entidad haya expuesto algo bueno a los comerciantes del Valle de Toluca, quienes ya no solamente son víctimas sistemáticas de robo hormiga, de asaltos descarados, sobre todo en restaurantes, sino, además, de secuestros que se han hecho más repetitivos en la región, de los cuales, por cierto, hay muy poco tanto en su prevención como en su investigación y aclaración, y ya ni qué decir del castigo que habría que tener a los responsables.

Impunidad, divino tesoro, eso es lo que no solamente alienta a la delincuencia a no detenerse en la espiral que lleva de un delito a otro, sino que ahora hasta los propios policías están cada vez más implicados en esos delitos, y si no me creen pues que se revisen los mismos comunicados de prensa que el área de comunicación de la misma Secretaría de Seguridad ha dado a conocer en los últimos días, donde se refiere la constante incidencia de delitos en los que policías en activos o recientemente separados de sus funciones están involucrados.

 

La última y nos vamos…

 

 

Oscar Raúl Callejo Silva, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hombre de todas las confianzas del titular de esa área, Gerardo Ruiz Esparza, es señalado como el más viable “cordero” a sacrificar a la hora de aclarar cuentas sobre los yerros de esa dependencia en los cuales hay involucrados millones y millones de pesos, incluso de dólares.

El 12 de agosto del 2016 rindió protesta como Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el mencionado Oscar Raúl Callejo Silva, luego de que el titular de esa área del gobierno federal decidió dar las “gracias” a Raúl Murrieta Cumings, precedido de gran prestigio a su paso como secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, cuadro de primer nivel salido de la administración de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo mexiquense.

Oscar Raúl Callejo Silva, depositario de todos los secretos de las obras de Comunicaciones y Transportes.

Desde entonces Callejo Silva se convirtió en el hombre de confianza de Gerardo Ruiz Esparza, por su escritorio pasaron todos los proyectos estratégicos en los que el gobierno federal estuvo involucrado en materia de comunicaciones y transportes, sector, por cierto, donde se tejen las más grandes obras de la República Mexicana, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construye en Texcoco o el Tren Interurbano México-Toluca.

Esas grandes obras implican las mayores inversiones de infraestructura de este país, los contratos más jugosos a constructoras nacionales e internacionales, y los procedimientos de asignación directa de recursos que mayores ventajas y beneficios pueden dejar a quienes están involucrados en ellos.

De ese es el tamaño de la responsabilidad de Callejo Silva, quien no es el más transparente funcionario del gobierno federal, porque el método más recurrente de ese Subsecretario ha sido hacer las grandes cosas con la mayor opacidad posible.

Dicen que solamente rinde cuentas a dos personas en este país, al licenciado Peña Nieto y al secretario Ruiz Esparza, por lo que las formas, el cómo se hizo cada una de esas grandes obras, además de decenas de carreteras en este país, simplemente lo sabe él y su jefe Ruiz Esparza.

De ahí que una vez que entre en funciones el próximo gobierno federal más le vale que agarren confesado al señor Callejo Silva, quien tiene mucho qué explicar desde lo técnico hasta lo económico, a lo mejor en una de esas nos enteramos por fin por qué se tomaron algunas decisiones que nadie entiende cómo hacer un súper aeropuerto sobre el lecho de un lago y en la zona de mayor incidencia del Valle de México o por que tendrá más de un año de retraso la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y al final costará más de 100 veces más de lo planeado en principio.

Oscar Raúl Callejo Silva, es el nombre que nadie debe perder de vista, pues si él sale bien, el actual gobierno federal saldrá bien librado del proceso de entrega-recepción, pero si a él no le salen bien las cuentas o no es capaz de convencer al equipo de transición de López Obrador, creo que más de un mexiquense inserto actualmente en el gobierno federal será blanco de escándalos incluso mayúsculos a los que enfrentaron varios de los ex gobernadores priistas hoy reclusos en centros de readaptación social de este país. ¿O no?

 

 

 

 

 

 

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