Por: José Contreras Contreras
¿De quién es el negocio?
Entre los dueños de los verificentros del Estado de México, unos 100 actualmente, crece el malestar porque de cara a la revalidación, actualización, o como se le desee llamar, del permiso de operaciones, resulta que parece que hay algún “listo” en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), que encabeza Eduardo Gómez, que tiene la más firme intención de alistar una gran maleta de algo así como 200 millones de pesos, quizá como “aguinaldo”, “bono de fin de año” o “garantía” de jubilación, por aquello de lo que se ofrezca.
Hace unas horas se llevó a cabo una reunión informal en la que participaron algunos propietarios de los centros de verificación vehicular, tanto del Valle de Toluca como de la zona metropolitana del Valle de México y zona oriente, y se juntaron precisamente para compartir información acerca de lo que está pasando con la actualización de sus permisos de operación.
Ahí se dijo que “enviados” de la Procuraduría de Protección al Ambiente los han visitado para informarles que tendrán que “participar” con 10 millones de pesos por cada verificentro que desee seguir operando para el año 2019, lo que evidentemente les pareció una locura, un abuso, el cual por cierto consideran que huele a corrupción.
Recordaron en ese marco que la licencia de operación de los verificentros en el Estado de México se renovaba, hasta este 2018, cada cinco años, por lo que por caro que pareciera se trataba de un permiso multianual de actividad que significaba para los empresarios de ese sector una especie de inversión de largo plazo, en la cual se invertía pero también se tenía una garantía dfe negocio de cinco años.
Hasta 10 millones de pesos por revalidar la licencia de operación de un verificentro. ¿No es mucho?
Esto se modificó y ahora resulta que los verificentros tendrán que obtener una licencia de operaciones cada año, y, lo peor del caso es que podría ser mediante una cantidad estratosférica como la ya citada, 10 millones de pesos.
Quienes saben de ese negocio señalan que sí es algo en lo que se recibe constantemente un flujo de capital, dado que hay verificaciones todo el año, ahora dos veces al año de forma obligatoria, por lo que la entrada de dinero sí es significativa, pero de modo alguno como para reunir 10 millones de pesos solamente para validar la licencia.
Los propietarios de los verificentros señalan que en los últimos dos años ellos han tenido que hacer fuertes inversiones para renovar los equipos con los que se lleva a cabo este proceso, pues hay que recordar que la normatividad cambió y también el tipo de verificación que se realiza, sobre todo a los automóviles de modelos recientes, por lo que son millones los que tuvieron que aplicar no solo en la compra de los nuevos equipos, sino en su instalación y hasta en la capacitación del personal técnico que los utiliza todos los días.
Se acuerdo con estimaciones del sector, cada verificentro invirtió entre 15 y 25 millones de pesos para ese proceso de actualización, de acuerdo a la renovación de la norma ambiental que rige sus operaciones, por lo que si ahora se les pretende cobrar 10 millones de pesos solamente por la licencia de operación, pues es evidente que les están “pegando” muy fuerte en sus finanzas.
Algunos incluso externaron en ese lugar que consideran la posibilidad de cerrar sus negocios, porque han dejado de ser precisamente eso: negocio, pues la autoridad presumiblemente los está “apretando” demasiado y si a eso le suman los salarios de sus trabajadores y el pago, por cierto muy alto, que enfrentan en materia de energía eléctrica, los tienen prácticamente “ahorcados”.
Los propietarios de verificentros desconocen el por qué la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México se ha convertido ahora en instancia de “recaudación” vía la revalidación de sus permisos de operación, dado que anteriormente con quién se entendían era directamente con las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas de la entidad, donde pagaban sus permisos y listo.
Lo que llama la atención en este asunto es que no solamente sea la Propaem la que anda solicitando ese tipo de pagos, sino que, además, hay diferencia entre unos y otros; es decir, a unos se les pidieron esos 10 millones de pesos, a otros siete y a unos más cinco. Esta situación incomoda porque tampoco saben el por qué a unos una cantidad y a otros otra, si es por zonas geográficas, si el por el número de líneas de verificación que operan o simplemente, pudiera ser que intentan aplicar esa máxima de que “según el sapo, es la pedrada”.
Los empresarios de este sector comentaron que buscarán un acercamiento directamente con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, ante quienes piensan exponer esta situación, su problemática y situación empresarial, para que se revise la situación, se homologue el pago, y, sobre todo, se reduzca, porque es un hecho que muy pocos podrán pagar una licencia anual de 10 millones de pesos.
El tufo de la corrupción ataca esta situación, porque existen muchas cosas irregulares en torno al asunto, sobre todo porque los empresarios dudan que el titular del Ejecutivo mexiquense esté enterado de esta situación y quienes lo están haciendo actúen con su autorización.
Es un asunto delicado que obviamente tendrán que verificar las autoridades correspondientes, comenzando por el titular del Medio Ambiente mexiquense, Jorge Rescala Pérez, incluso el propio titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Eduardo Gómez, y terminando con el jefe máximo del gobierno mexiquense, quien evidentemente tendrá que corresponder al creciente reclamo de este sector.
Entregas limpias
El inicio del penúltimo mes del año es un atento llamado a acelerar los procesos de entrega-recepción que se llevan a cabo ya en los 125 municipios del Estado de México. Es éste el último mes laborable que las administraciones municipales entrantes tendrán para revisar que las cosas se encuentren en orden y no cometer el grave error de aceptar “pendientes” de sus antecesores.
La circunstancia no parece muy halagadora pues en la mayoría de los casos se han hecho públicos los problemas de las administraciones salientes. El primero, y quizá el más importante, tiene que ver con la deuda pública.
No hay ayuntamiento del Estado de México que en este momento no presente adeudos, lo mismo a proveedores que a instancias como el Sistema de Administración Tributaria, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), compañías aseguradoras, Comisión Federal de Electricidad y una larga lista de instancias más ante las cuales están prácticamente empeñados.
Será complicada la transición municipal en Edomex por exceso de deudas.
El problema, dicen los que saben, no es que deban, sino que de modo alguno piensan pagar antes de irse, por lo que el grueso de esos adeudos formarán parte de la “herencia maldita” que dejarán a sus sucesores, sobre todo ahora que la mayoría serán reemplazados por personas de un partido político distinto al de quienes actualmente gobiernan, por lo que existe un cierto aire de venganza por esta vía.
Sin embargo, bien harían los actuales presidentes municipales en observar el grave riesgo en el que se encuentran, pues las últimas modificaciones al marco legal del Estado de México, ya prevén que esas entregas estarán sujetas al escrutinio legal y que todo aquello que se observe como irregularidad puede y será motivo de procedimientos administrativos y penales.
Ya no será tan fácil, como antes, que los señores alcaldes incluso de iban una semana antes de concluido su periodo y dejaban un relajo tirado, se llevaban hasta las sillas y las tazas para el café, y los que llegaban, en su mayoría, tenían que cumplir con el viejo pacto de “cubrir la espalda” del saliente.
Ahora la situación no será igual en más del 79 por ciento de los casos, donde el alcalde entrante pertenece a una opción política totalmente diferente, la cual, en casi todos los casos, traen cierto tufo de venganza y un altísimo compromiso con la transparencia y la legalidad, lo que los impulsará a ser los primeros interesados en aclarar la situación que guardan las haciendas municipales.
Pensar en que se irán felices y contentos aunque hayan hecho y deshecho de la administración pública municipal es un grave error de cálculo que podría traer consecuencias graves para quienes entregarán los municipios mexiquenses, de ahí que lo mejor será que tomen estas líneas como un llamado a la cordura y a la prudencia, a la responsabilidad, y a la posibilidad de protegerse antes de verse inmiscuidos en situaciones nada agradables que luego terminan muy mal.
Rebelión policiaca
Sube la temperatura en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Un movimiento de descontento se gesta en las filas de la policía estatal, el cual no es nuevo, pero sí tomó mayor fuerza a raíz del episodio que en días pasados se vivió en Almoloya de Alquisiras, donde murieron emboscados algunos elementos.
De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes de ese lamentable episodio, los mandos policíacos prácticamente los mandaron “al matadero”. En primera, porque se supone que los “jefes” saben perfectamente las zonas dominadas por la delincuencia, donde destaca dos grupos, uno dedicado a la tala clandestina, y otro presuntamente vinculado con el trasiego de estupefacientes.
Pero lo peor no fue que los mandos policíacos enviaron a los elementos a incursionar en territorios “dominados” por la delincuencia, sino que los uniformados iban en franca desventaja, pues se dice que no cuentan con armamento, balas y mucho menos protección adecuada para hacer frente a la capacidad de fuego que impera entre los grupos delictivos de la región.
Ese asunto provocó un descontento muy importante entre quienes tienen en la seguridad pública su fuente laboral, pues, vía redes sociales, sobre todo Facebook, han hecho saber que este asunto no es exclusivo de la región de Almoloya de Alquisiras, donde ocurrió el incidente que costó la vida a los policías, sino lamentablemente es una situación que se considera “normal” en todas las zonas del Estado de México.
¿Policías mexiquenses en rebelión?
Los policías han hecho público que enfrentan en esta entidad a grupos presuntamente vinculados con el delito que gozan de condiciones sumamente ventajosas, en comparación con ellos, con relación al armamento, capacidad de fuego, equipamiento e incluso vehículos, pues mientras los “malos” andan en camionetas blindadas, las patrullas de nuestros ilustres policías son prácticamente de papel y seden ante cualquier calibre de arma de fuego.
Dicen los policías que los recursos económicos no se están invirtiendo en lo necesario para que ellos puedan realizar su tarea de forma adecuada, pues a pesar de que de la Federación han llegado millones de pesos para el equipamiento y renovación del armamento, esto no se refleja en lo que ellos operan.
Por este tipo de situaciones, y otras más, los policías prevén hacer presencia mañana miércoles en la ciudad de Toluca, donde buscarán manifestarse para ser escuchados por la autoridad estatal, a la que exigirán se revise la situación en la que opera esa corporación, se hagan los ajustes necesarios y, si se detectan irregularidades administrativas, se actúe en consecuencia y se sancione.
Los policías aseguran que ellos siempre han estado dispuestos a dar su mejor esfuerzo en las calles, en el bosque, en los cerros, en todas partes donde su presencia se requiere, mientras que cuenten con lo necesario para trabajar, pues no pueden ni deben ir prácticamente a la guerra sin fusil, y los pocos que tienen de éstos están descompuestos o con dos o tres tiros, lo que los pone en franca desventaja en su labor de prevención y combate del delito.
¡Baratas las plazas!
Alguien intenta aprovecharse del “río revuelto” y de la poca experiencia de algunos que serán presidentes municipales a partir del 1 de enero del 2019. La venta de plazas laborales es un fenómeno que, aunque no es nuevo, sí se está poniendo de “moda” y se multiplica peligrosamente en muchos de los municipios mexiquenses.
No sé exactamente por qué, pero donde más se está presentando este asunto es donde los alcaldes próximos son del Movimiento de Regeneración Nacional, quizá alguien trata de aprovechar la “novatez” de los próximos presidentes municipales, pero ahí es donde las cosas se comienzan a maximizar.
Ya el equipo de transición del próximo alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, tuvo que salir ante los medios de comunicación a aclarar que ellos no están vendiendo plazas en su próxima administración, como también más recientemente lo hicieron los colaboradores de Gabriela Gamboa Sánchez, quien será presidenta municipal de Metepec, ambos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional.
La venta de plazas en los próximos ayuntamientos se puso de «moda».
¿Y cómo funciona este negocio? Nos preguntan algunos. Pues es fácil, tanto de boca a boca como en cuentas de Facebook se dispersó la información relativa a que supuestamente hay la posibilidad de colaborar con las próximas administraciones municipales si se cumple con cierto tipo de perfil. En los “anuncios” se habló de grado académico, de algunas licenciaturas específicas, y de edad y disponibilidad de horario, luego se dieron por ahí algunos teléfonos para obtener más información, todos ellos celulares, por cierto, y de ahí surgió la leyenda urbana de que, al llamar, sí daban cuenta de plazas laborales en esas administraciones municipales, en Toluca y Metepec, a las cuales se podría incorporar, previo depósito de una “fianza” económica, que no era otra cosa que depositar dinero a una cuenta bancaria.
Evidentemente esto suena demasiado a “tranza”, pero el problema es que quien hace este tipo de cosas está aprovechándose precisamente de la creciente necesidad de empleo que existe en este momento entre las personas, por lo que muchos “inocentes” sí cayeron en la trampa y hubo quienes sí le entraron al depósito de las “fianzas”.
Éstas se depositaron en cuentas de tarjetas bancarias de intermediación como “Saldazo”, que opera Banamex con las tiendas de conveniencia Oxxo, pero también a través de cuentas en Banco Azteca, con depósitos directos en tiendas departamentales Eléktra.
En todos estos casos, según comentaron especialistas de la policía cibernética y de fiscalización, son cuentas subterráneas muy difíciles de detectar y mucho más complicadas de localizar al verdadero responsable de la “tranza”, porque se abren de forma muy “ligera” en las compañías que las ofrecen.
Incluso dicen que esas cuentas son las favoritas de los extorsionadores que operan desde los reclusorios de todo el país, porque no son fáciles de intervenir y se mueven muy fácilmente para que los responsables no sean ubicados.
Pues de ese modo se dio el atraco a muchas personas necesitadas que hicieron depósitos desde 500 hasta 5 mil pesos, al menos esos son los que personalmente tengo confirmados, pero hay quien dice que las plazas en Metepec se estuvieron “cotizando” en 10 mil pesos y las de Toluca en 8 mil pesos.
Los equipos de Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Gabriela Gamboa Sánchez ya interpusieron denuncias ante el Ministerio Público para solicitar se averigüe y eventualmente se dé con los responsables de este tipo de fraudes que, además, pusieron en entredicho la honorabilidad de administraciones municipales que buscan precisamente un sello de transparencia.
Ojalá que esto no sea un asunto más de esos muchos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México envía al cajón de “irrelevantes”, pues bien nos haría saber de dónde salió este tipo de “negocios”, quién está detrás de esto, y, sobre todo, que se castigue este tipo de conductas, ahora que el combate a la impunidad es un objetivo prioritario.
La última y nos vamos…
Y ya que estamos entrados en asuntos de honestidad y transprencia, bien haría el presidente del Poder Judicial de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, en revisar la actuación de la juez que conoció la semana pasada sobre la detención de uno de los líderes de la escuela Normal “Lázaro Cárdenas”, de Tenería, Tenancingo, quien fue detenido por la policía ministerial con suficientes pruebas en su contra, respecto a su presunta participación en el secuestro de más de 40 autobuses de la empresa Flecha roja en la terminal de Ixtapan de la Sal.
El sujeto fue aprehendido por allá en Tenancingo, llevado ante el Ministerio Público que giró antes la orden de aprehensión respectiva, y éste, a su vez, lo envió de inmediato ante una jueza quien tendría la responsabilidad de consignar el asunto, pero no lo hizo, lo soltó de inmediato argumentando el ahora cada vez más famoso “debido proceso”, y como dijo que no se había cumplido éste, pues lo liberó, lo mandó a la calle dejando a los propietarios de los autobuses con un palmo de narices.
Secuestran autobuses, los detienen y el Poder Judicial los libera por «violación» a sus derechos humanos. ¿Y la justicia «Apá»?
Cuando los señores propietarios de los autobuses secuestrados pensaron que por fin se les haría justicia, tras decenas de secuestros de sus unidades por los supuestos “estudiantes” normalistas de Tenería, pues simple y sencillamente la jueza demostró que pueden más los aspirantes a profesores rurales que cualquier tipo de legalidad, al menos en esta entidad.
¿Qué fue lo que motivó a la jueza en mención a liberar al detenido, de quien, hay que decirlo, se tienen muchas pruebas, videos, fotografías y testimoniales en su contra, como quien encabezó a la turba de dizque estudiantes normalistas que se llevaron los camiones, los destruyeron de vidrios y puertas a pedradas y luego los devolvieron una vez que los habían empleado para trasladarse a las manifestaciones del 2 de Octubre y otras de sus “cositas”.
El caso es que el sujeto está libre, tan feliz y campante a pesar de haber no solo secuestrado sino destruido las unidades de transporte, y los propietarios de las mismas siguen pensando que en esta entidad la justicia es cosas de risa, de componendas, de poderes fácticos y del miedo que algunos evidentemente le tienen a los que navegan con bandera de “estudiante” para hacer cualquier tipo de tropelías. ¿O no?