Visión Puntual

Por: José Contreras Contreras

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Todo inicio de administración municipal es complejo. Hay varios factores que inciden directamente en el buen inicio de una gestión municipal, pero ahora las cosas están todavía más complicadas para los entrantes munícipes, pues además de las condiciones normales del cambio, se le suma que la mayoría de los ayuntamientos están plenamente desmantelados, y, quizá lo peor, es que no se ve por dónde se vaya a hacer justicia en esa materia.

Las administraciones municipales del Estado de México encontraron ayuntamientos técnicamente “saqueados”, con más deudas que posibilidades reales de desarrollo; sin embargo, la esencia del problema no es que no haya dinero, sino que la mayor parte de esas deudas las provocó la ambición de los presidentes municipales salientes.

Hay casos ridículos verdaderamente, y quizá el más representativo de éstos es Naucalpan, donde el ex presidente municipal no solamente goza de impunidad política al ser ahora diputado local, sino que, además, embarró a su sucesor en situaciones financieras que seguramente le causarán graves dolores de cabeza.

El ayuntamiento de Naucalpan, que fue gobernado por el ahora diputado Edgard Olvera Higuera, encabeza la lista de localidades endeudadas. Una explicación muy simple de esas deudas aparece si le rascan tantito al financiamiento de la campaña proselitista que precisamente lo llevó a la curul que ahora goza, junto con el fuero político que impedirá seguramente que sea sometido la ley.

Proveedores de Naucalpan y de la Ciudad de México han dado cuenta de los contratos que suscribieron con el ilustre miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien ahora es diputado, los cuales, además de plenamente documentados, están presentados ya ante la autoridad por fraude, pues tuvo la “brillante” idea de endosarlos al erario municipal de Naucalpan.

Es decir, para hablar muy claro, el ahora diputado Edgar Olvera Higuera financió su campaña proselitista con recursos públicos, o por lo menos antepuso el erario municipal de Naucalpan para prometer los pagos, mismos que, para acabarla de perjudicar, nunca pagó y su sucesor desconoció, correctamente, porque no se trataban de bienes o servicios que hubieran sido utilizados para beneficio de los habitantes de esa localidad, sino simplemente para satisfacer las aspiraciones políticas del “flamante” diputado.

Renta de salones de fiestas donde Edgard Olvera Higuera realizó reuniones con fines eminentemente proselitistas, renta de sillas, manteles y loza para banquetes, diseño y producción de lonas y otros insumos publicitarios de su campaña, entre otros son los pagos pendientes que intentó el panista que el ayuntamiento de Naucalpan absorbiera, en el entendido de que estaban “seguros” de ganar la presidencia municipal y esos “pequeños gastos” podrían ser cubiertos fácilmente por quien pretendían que fuera el próximo alcalde de Naucalpan, por cierto, recientemente convertido en representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de México.

Cuautitlán Izcalli, donde el medallista olímpico Víctor Estrada demostró su incapacidad.

Pero la historia no se escribió como ellos pretendían, me refiero al ahora diputado panista, su sucesor en la alcandía, y el “distinguido” grupo que le rodeaba en la campaña, por lo que esa administración cambió de color, se pintó de guinda, y ahora el expediente de las presuntas irregularidades financieras está en manos nada más ni nada menos que de Patricia Durán Reveles, actual presidenta municipal de Naucalpan, quien llegó a ese cargo bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional.

De acuerdo a lo que se sabe, la dirigencia nacional y estatal de Morena llamó a sus presidentes municipales a denunciar cualquier irregularidad que encontraran en los procesos de entrega-recepción de los ayuntamientos que ahora gobiernan, por lo que a nadie debe extrañar que la administración de Patria Durán Reveles presente la denuncia correspondiente tanto ante los órganos de control como a las instancias judiciales.

Pero Naucalpan no es el único caso de exceso de politiquillos que afortunadamente el voto de los ciudadanos echó a la calle, otro, por ejemplo, es Indalecio Ríos Velázquez, ex presidente municipal de Ecatepec, por cierto, discípulo de otro personaje que ahora está en la mira, como lo es el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.

De acuerdo con lo documentado en la entrega-recepción del municipio de Ecatepec, la cual, por cierto, se negaba a firmar el señor Indalecio Ríos, hay algo así como 350 millones de pesos que no aparecen por ninguna parte, que simplemente no fueron comprobados, que nadie sabe dónde fueron a parar y menos quién se quedó con ellos.

Porque no es así como que el dinero se haya esfumado, ni en Ecatepec ni en ningún otro lado, es sencillamente que alguien se quedó con él, pues nadie va a creer la historia de que eran tan mensos los de la administración anterior que “se les perdieron”.

Cuautitlán Izcalli, donde gobernó Víctor Estrada Garibay, ex medallista olímpico que llevó a esa posición el desaparecido partido político de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, Nueva Alianza, es otro claro ejemplo de presunta deshonestidad a la hora de administrar los recursos públicos, y donde ya, dicen, se tiene prácticamente concluido el expediente suficiente para comprobar que por ahí “alguien” se quedó con lo que no era suyo.

 

¿Quién hará justicia?

 

Más allá de que los actuales presidentes municipales denuncien formalmente este tipo de presuntas irregularidades, la pregunta es ¿quién será el que haga justicia?

De acuerdo con la normatividad establecida, las presuntas irregularidades detectadas en las administraciones municipales tendrían que ser observadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Sin embargo, como se recordará, el OSFEM también está de cabeza, luego de que ese organismo no fue capaz de sustentar adecuadamente el análisis de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, mismo que está retenida en algún archivero de la Cámara de Diputados.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México incapaz de resolver su propia crisis, menos de sancionar abusos de ex presidentes municipales.

El OSFEM, y su titular, Fernando Valente Baz Ferreira, están absolutamente cuestionados, por lo que su actuación en este momento francamente sería de risa como soporte a la legalidad.

Quizá la única instancia capaz de ofrecer algún resultado creíble sobre las presuntas irregularidades detectadas en las administraciones municipales anteriores sería la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, donde afortunadamente despacha un personaje como Victorino Barrios Dávalos que sí goza de credibilidad y renombre, sobre todo porque se ha mantenido dentro de un concepto de imparcialidad y legalidad.

Quizá sería momento para que la Contraloría del Poder Legislativo dé un paso al frente y asuma la responsabilidad de integrar expedientes suficientemente creíbles como para iniciar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y actuar en consecuencia en contra de esos personajes que habrían causado tanto daño a las administraciones públicas municipales.

No sería la primera ocasión en que ex presidentes municipales acaben sus carreras políticas en las penitenciarías del Estado de México, eso ya sucedió antes y no estamos nada lejos de que ocurra nuevamente en el territorio del Estado de México.

La pregunta es quiénes de los 125 ex alcaldes mexiquenses servirán de ejemplo, pues hay que ser realistas y no se llegará a aplicar la ley a todos, se tratará, si es que se concreta, de una estrategia casi quirúrgica en la que se debe actuar con firmeza, pero también con inteligencia política.

Los ex alcaldes del Partido Revolucionario Institucional nos los más viables a recibir este tipo de castigo, no solamente porque eran mayoría en las pasadas administraciones municipales, por lo que sus probabilidades son mayores, sino porque realmente el objetivo de la lucha contra la corrupción que el Movimiento de Regeneración Nacional pregona en todo el país tiene a ese instituto político, el PRI, como su principal objetivo.

Para nadie es un secreto que cuando el ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a la lucha contra la ilegalidad y la corrupción es porque piensa antes que nada en los priistas, aquellos con los que mantuvo una lucha política de años y años, precisamente con el estandarte de la honestidad y la transparencia en la mano.

Que nadie tenga duda de que si hay que enviar a prisión en el Estado de México a alguien por las presuntas irregularidades ubicadas en las administraciones públicas, los priistas llevan preferencia. Con ellos ha sido la bronca, desde hace muchos años, y nadie desperdiciaría la oportunidad de hacer realidad y humanizar el concepto tan llevado y traído de la lucha contra la corrupción. ¿Quién mejor que los del tricolor para ser usados como ejemplo estatal y nacional de que la nueva mayoría sí aplica la ley?

 

Tipificar como delito el no pago al Issemym

 

Crece en los pasillos del Poder Legislativo mexiquense el rumor de que en el próximo periodo ordinario de sesiones diputados del Movimiento de Regeneración Nacional impulsarán una reforma de ley mediante la cual podría tipificarse como delito grave en el Estado de México el no pago de cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

El fondo es claro, quien debe pagar las cuotas al Issemym son los empleadores, porque los trabajadores no lo hacen por libre albedrío, sino que, por el contrario, antes de que reciban su cheque o gocen de transferencia electrónica de su salario, esa parte, las aportaciones al Issemym ya han sido descontadas.

Así, la idea es que quien retiene las cuotas a los trabajadores y no las entrega al Issemym incurre, entre otros delitos del fuero común, en malversación de recursos públicos, abuso de confianza, y delitos fiscales, de entrada.

Sancionar el no pago de cuotas al Issemym podría rescatar al instituto sin necesidad de elevar las cuotas a los trabajadores gubernamentales.

Por tanto, se considera que existen suficientes elementos como para tipificar esa conducta de parte de los empleadores gubernamentales que incurren en ese tipo de prácticas como para ser sometidos no solamente al escrutinio social y a la crítica, que es hasta el momento el límite de la responsabilidad que podrían asumir cuando caen en el caso.

El razonamiento lógico de quienes esto impulsan es que si una autoridad se queda con las cuotas al Issemym de sus empleados, entonces están cometiendo delitos que deben ser calificados, tipificados y sancionados como tales, no solamente expuestos.

De proceder esta propuesta, no son pocos los alcaldes que podrían ser sujetos a proceso penal, y vienen a mi memoria otro tipo de personajes singulares que bien pudieron parar en prisión por quedarse con las cuotas de sus empleados y no entregarlas al Issemym, como el caso del ex secretario de Salud, César Normar Gómez Monge, aunque desafortunadamente la ley no es retroactiva, y, al menos de esa bien podría salvarse.

¿Qué pasaría entonces con ex rectores y el actual rector de la Universidad Autónoma del Estado de México? El último en mención ha declarado abiertamente que esa institución no ha pagado las cuotas de sus empleados académicos y administrativos al Issemym, pero lo que nunca ha aclarado el señor rector de la UAEM es que ellos nunca han dejado de retener ese dinero de la nómina de empleados.

Si siguen reteniendo las cuotas de los empleados y no las entregan al Issemym, ¿entonces quién se está quedando con ese dinero? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? ¿No sería justo que hubiera una responsabilidad penal para quien así actúa?

 

¿Ayuntamientos ilegales?

 

Ya que hablamos de ilegalidad, hay que revisar en qué grado de responsabilidad están incurriendo los presidentes municipales entrantes, a quienes la ley obliga que sus Tesoreros, directores de Obras Públicas y responsables de dirigir los órganos operadores de agua potable, drenaje y saneamiento, sean sometidos  a una certificación sobre su preparación profesional y capacidad para ejercer esos cargos.

Pues a 22 días de haber tomado posesión de las alcaldías, no hay en ninguno de los 125 ayuntamientos mexiquenses un solo servidor público de esas áreas que pueda presumir de haber cumplido con la certificación. Ninguno.

En muchos municipios ya fueron nombrados los Tesoreros, directores de Obras Públicas y encargados de los organismos operadores de agua, pero ninguno de ellos ha cumplido el requisito, por lo tanto, están violando la ley.

Las finanzas públicas municipales, por lo tanto, están en manos de personas no calificadas, o quienes al menos no han demostrado legalmente contar con la aptitud profesional para desempeñar ese tipo de cargos, con el riesgo que eso implica.

Tesorerías mexiquenses en manos de personas que todavía no demuestran estar preparados para desempeñar esa función pública.

Lo de Obras Públicas quizá no sea tan peligroso en este momento, sobre todo si se toma en cuenta que ningún ayuntamiento llega a hacer obras, simplemente porque no hay dinero para hacerlas, y en el caso de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y drenaje, bueno, pues ahí el riesgo también es que alguien abuse de los recursos públicos que por ahí entran, sobre todo en los primeros meses del año.

El caso es que, aunque bañados en el tema de la “honestidad” y “transparencia”, nuestros nuevos presidentes municipales no han demostrado, en los hechos, su apego a esas condiciones, pues los días siguen y siguen y tienen laborando en sus administraciones a personas no calificadas, quienes, de acuerdo con la ley, no deberían estar ejerciendo esos cargos públicos, al menos hasta contar con el “papelito” que garantice que son dignos de esa confianza.

Otro asunto en ese mismo sentido son las fianzas que los tesoreros deben interponer para garantizar que, en caso que existir algún problema en su administración, el erario público no se vean tan afectado.

La ley obliga a que los tesoreros municipales interpongan una fianza que es proporcional a un tanto por ciento del presupuesto que manejarán, justo para evitar que se “claven un vidrio” o se les “pierda” lo que no es suyo.

Pero, hasta ayer, al menos, tampoco hay ninguna fianza interpuesta. Es decir, si alguien se echa a correr con la lana que están manejando, no habrá vuelta atrás, simplemente el perjudicado será el municipio.

Esto, aunque grave, no es exclusivo de los actuales tesoreros, pues lo peor del caso es que más de la mitad de los que se fueron el pasado 1 de enero, nunca depositaron esas fianzas. Quizá eso tenga mucho qué ver en la lamentable condición que dejaron la mayoría de las tesorerías.

 

La última y nos vamos…

 

Crece la idea entre un sector importante de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de recurrir a su dirigencia nacional para solicitar se intervenga la “renovada” dirigencia mexiquense de ese partido político.

En primer lugar, los que se pretenden inconformar acusan que el cambio en la presidencia estatal fue lo más alejado de la transparencia, a nadie se le rindió cuentas de la gestión que concluyó y el nuevo dirigente estatal, Jorge Alberto Inzunza Armas, al menos hasta el momento no ha sido capaz de informar a su militancia qué fue lo que encontró.

Además, el grupo de no conformes argumenta que Inzunza Armas resultó peor que “caca de perico”, porque, aseguran, “ni huele ni hiede”.

Jorge Inzunza Armas, «ni huele ni hiede», dicen sus correligionarios.

El PAN, dicen, en el Estado de México está peor que al día siguiente de la catástrofe electoral del 1 de julio del 2018. No se ha hecho absolutamente nada para superar ese letargo, las cosas van de mal en peor y la fuga de cuadros del albiazul está más intensa incluso que antes de la elección.

Inzunza Armas no solamente no se ha convertido en factor de unidad para ese instituto político en el Estado de México, sino que, en el colmo, se ha encargado de echar del mismo PAN a lo poco bueno que quedaba de los cuadros formados en la base, y a los viejos panistas simplemente ya les dio la espalda, pensando que él y su grupito son los que tienen la verdad comprada.

De seguir así, no será mucho lo que dure el “lacayo” Inzunza Armas, como muchos califican a quien va y viene todos los días ante el máster de Huixquilucan, quien en realidad tiene que enseñarle hasta cómo ir al baño.

Qué lástima que el PAN pierda esta valiosa oportunidad que tiene ante sí para convertirse en un auténtico factor de equilibrio en un paisaje político renovado en el Estado de México donde cada día es más claro que el Movimiento de Regeneración Nacional no tiene a nadie enfrente. ¿O no?

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