Por: José Contreras Contreras

Del Mazo construye puentes

En el Estado de México se reconoce e impulsa el valor de todos los sectores productivos, por lo que al gobernador Alfredo Del Mazo se le ha visto muy activo firmando convenios, haciendo alianzas y dialogado con los empresarios del ramo de la construcción.

Cuentan que su estrategia, que ha sido vista con muy bueno ojos por los constructores, es ir reforzando al sector desde los cimientos; es decir, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de México.

En menos de un mes, el mandatario mexiquense ha reforzado las acciones a favor de la calidad en la construcción, con la certificación de los Directores Responsables de Obra (DRO), así como de respaldo en la capacitación, esto último durante la inauguración, en Metepec, del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) Campus Edoméx, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En ese marco, el mandatario mexiquense también hizo un anuncio: el respaldo total de su administración a la creación de la Guardia Nacional, proyecto prioritario en la estrategia nacional de seguridad pública del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien también es evidente que construye puentes importantes en lo político a favor de las principales causas de los mexiquenses.

Alfredo del Mazo construye puentes con la iniciativa privada y con el gobierno federal.

Del Mazo Maza señaló que la creación de la Guardia Nacional reforzará el apoyo que el gobierno federal brinda al Estado de México en materia de seguridad, porque además de la presencia del Ejército Mexicano y de la Marina, se podrá contar con un cuerpo de élite que ayudará a controlar la delincuencia en esta demarcación.

Y tiene razón el gobernador mexiquense, pues, se quiera o no, la seguridad es la principal demanda de la población, por lo que no se debe perder tiempo en la toma de decisiones de esa magnitud. Decían que hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, y ese es el caso de la guardia nacional.

Tener otra corporación, quizá mejor preparada, armada y equipada, pero sobre todo libre de corrupción desde su nacimiento, sería muy importante para todos los mexicanos, pero, sobre todo, para los más de 17 millones de mujeres y hombres que habitamos en el Estado de México, lo que evidentemente multiplica los factores de riesgo.

Crear la Guardia Nacional no será quizá la panacea ni la solución mágica a todos nuestros dolores de cabeza en materia de seguridad, pero evidentemente será un paso importante en el objetivo de garantizar la integridad personal y patrimonial de los mexicanos.

Eruviel contra la pared

El periodista Daniel Barragán, de la revista electrónica Sinembargo.mx publicó el lunes un importante reportaje que corrobora lo escrito en este mismo espacio en diciembre pasado, y que la síntesis es muy sencilla: Eruviel Ávila Villegas tiene muchas cuentas pendientes que aclarar en el Estado de México y al erario nacional.

Por la relevancia y profundidad de la información del compañero Daniel Barragán, prefiero transcribir textualmente su artículo, para evitar que el manejo de las cifras resulte en cualquier tipo de error o mal entendido.

Daniel Barragán señala que: De 2011 a 2017, años en los que Eruviel Ávila Villegas fue Gobernador del Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hizo a su gestión y a los municipios de la entidad un total de 339 observaciones que pudieron provocar un desfalco al erario federal por 14 mil 131 millones 769 mil 665 pesos.

Ese dinero quedó sin comprobante de uso, no se ejerció y no se devolvió a la Tesorería de la Federación, se pagó en anticipos de obra que no se hizo, se pagó a empleados fantasma, a personal sindicalizado, se dieron estímulos y bonos, se pagó a policías que fueron escoltas de ex funcionarios o se transfirió a otras cuentas.

Eruviel Ávila Villegas tiene mucho qué aclarar todavía en el Estado de México.

Tanto el gobierno estatal como a nivel municipal, las observaciones fueron las mismas para el uso del dinero de las transferencias que se enviaron a la entidad para el fortalecimiento del sector salud, de infraestructura, seguridad y educación.

En 2015 se registró la cifra más alta de dinero que no se utilizó. La ASF detectó un posible daño al erario por 4 mil 465 millones 211 mil 281 pesos, le siguieron los años 2016 (3 mil 134 millones) y 2012 (2 mil 522 millones), su primer año de gestión.

Ávila Villegas terminó su gestión como Gobernador en septiembre de 2017. Semanas después ocupó durante dos meses la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México. Ese puesto lo abandonó en diciembre, luego fue vicecoordinador de la campaña presidencial del candidato priista José Antonio Meade.

Tras el derrumbe que la elección de 2018 representó para el PRI, Ávila Villegas encontró piso firme en el Senado de la República bajo la figura de plurinominal. Desde que tomó protesta ha buscado generarse una imagen de “senador cercano a la gente”. Informa de sus tareas del día, hace enlaces en vivo desde su cuenta de Twitter para acercar el poder legislativo a la ciudadanía e informa los avances de la Comisión de Marina, que él preside.

Pero antes de esa nueva imagen está la herencia que dejó en el Estado de México, que es un paquete de pobreza, inseguridad y feminicidios.

En mayo de 2017, SinEmbargo publicó un cálculo elaborado por Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que señaló que de 2011 a 2015, el Estado de México ocupó el tercer lugar en irregularidades ante la ASF en el presupuesto a nivel nacional sólo por debajo de Veracruz y Michoacán.

Con la revisión casi total de su administración (falta la publicación de la tercera entrega de la ASF referente al último periodo de 2017), el monto de las irregularidades alcanzó los 14 mil millones de pesos.

Al hacer una revisión por año, SinEmbargo detectó un total de 339 pliegos de observaciones que la ASF levanta si detecta desvíos de recursos y lo envía a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y si no hay una respuesta, se manda a la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) para una denuncia penal.

En marzo de 2017, Ávila Villegas dijo a la prensa que su administración estaba dispuesta a explicar al Congreso mexiquense las observaciones de la ASF porque “todo lo que se hace en el Estado de México es con plena transparencia”. Días después José Manzur Quiroga y Joaquín Castillo Torres, secretarios general de Gobierno y de Finanzas del Estado de México, respectivamente, comparecieron ante las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso estatal.

Hasta el momento no hay ninguna investigación al respecto. La única pesquisa que hay cercana a Eruviel es por la asignación de notarías.

De acuerdo con la revisión hecha por este medio digital, los desvíos se registraron en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; en los Recursos Federales Transferidos para la Educación Superior de Calidad; en los recursos para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior en el Colegio de Bachilleres y en el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.

También en los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; en el dinero del Programa Escuelas de Tiempo Completo; en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; en los recursos del fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial; en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y en el Fondo de Aportaciones múltiples.

Las fallas más recurrentes encontradas por la ASF son “dinero sin comprobar erogación”, dinero que no se ejerció pero que no se devolvió, dinero que se transfirió a otras cuentas, en obras que las autoridades informaron que se harían pero que jamás se construyeron o que están incompletas y dinero que se utilizó a otras cosas pero a los fines a los que estaba destinado.

También están los empleados fantasmas: se gastaron millones en salarios a personas que no cumplían con perfiles para trabajar en el sector salud, educativo o de seguridad; se encontraron empleados sin ninguna categoría; se pagó a personal con permiso sin goce de sueldo; a personal que nunca se encontró; se pagaron becas, bonos y estímulos.

También hubo dinero a policías que fungieron como escoltas de ex funcionarios; salarios por arriba del tabulador y faltó reintegrar cheques que fueron cancelados.

Hasta aquí el texto íntegro de sin embargo.mx, en el cual se profundiza sobre la situación financiera heredada por Eruviel Ávila Villegas al Estado de México, la cual debe aclararse y, de ser procedente, sancionarse.

Eruviel Ávila Villegas no actuó solo, eso es evidente, por lo que la revisión de la autoridad federal debe ampliarse y cubrir a todos aquellos que participaron de forma directa o indirecta en un evidente quebranto financiero que hoy cargan sobre sus hombros todos los mexiquenses.

La última y nos vamos…

Es verdaderamente relevante el paso que la autoridad estatal dio la tarde del pasado domingo 17 de febrero, cuando liberó, después de 11 años de encierro en prisión, a tres de los seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, a quienes se encarceló como presuntos responsables de la muerte de un empresario extranjero dedicado a la floricultura en esa zona, y al cual los oriundos de esa comunidad tlahuica se opusieron porque utilizaba indebidamente el agua de la localidad, pasando por encima de todos los derechos que ese pueblo originario tenía y tiene sobre el uso del recurso hidráulico.

Los presos políticos liberados de Tlanixco, un paso importante, pero insuficiente.

En realidad esos indígenas nunca fueron responsables de los hechos que se les imputó, si hubieran sido la autoridad ministerial les debió de comprobar los cargos en los once años que los mantuvo tras las rejas, pero no lo hizo, y no lo hizo porque no había elementos para hacerlo.

Lamentablemente continúan tres de esos indígenas en prisión, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de tales acusaciones. Esperemos que en los próximos días el proceso legal se concrete, se haga lo necesario y los tres que faltan regresen con su familia.

Lamentablemente en las prisiones del Estado de México quedan más personas presas por sus ideales, por conciencia, presos políticos, técnicamente hablando, gente que fue incómoda en algún momento para la autoridad y que pagó su osadía de oponerse al poder público en prisión.

Los casos son muchos, ahí está José Humbertus, quien, por cierto, se recupera en un hospital de Toluca porque el encierro ha minado gravemente su estado de salud, pero hay otros más, como el profesor del cual alguna vez hablamos en este espacio que desde hace más de ocho años está preso en Almoloya de Juárez acusado de homicidio, pero la supuesta víctima anda por los Estados Unidos de América gozando del dinero que su padre cobró del seguro de vida por su “muerte”.

Podríamos llenar planas enteras solo citando por nombre los muchos casos “risibles” que hay en las penitenciarías mexiquenses, unas por errores fatales de jueces, otros por presión del poder público, los llamados presos políticos o presos de conciencia, pero muchos más porque en su momento esas personas fueron utilizadas como “chivos expiatorios” cuando la autoridad ministerial fue incapaz de resolver fehacientemente algunos casos y echó mano del primer indigente que se le atravesó.

Justicia, modernidad, eficiencia, eso es lo que falta, o por lo menos tiempo y voluntad política para revisar ese tipo de casos que dejan de manifiesto que todavía se vive una justicia a medias, plagada de errores, a la cual le hace falta separarse y romper el cordón umbilical que le une al poder central, desde donde lamentablemente se ejerció una lamentable forma de autoritarismo.

Hagamos votos porque el ejemplo de los indígenas de Tlanixco se multiplique y en los próximos días veamos que se revisen ese tipo de casos que están ahí a vista de cualquiera, pero que por el tiempo en que ocurrieron ya hasta se les olvidó quién les pidió el “favor” de meter a la cárcel a esas personas. ¿O no?