Por: José Contreras Contreras

Adiós señor auditor del OSFEM

Hoy es el último día de Fernando Valente Baz Ferreira al frente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), institución que se cansó de ensuciar y hundir en lo más recóndito de la escala de confiabilidad en esta entidad. Se va, deja ese cargo porque así lo definieron ya los diputados que integran la LX Legislatura mexiquense.

Baz Ferreira es el mejor ejemplo de cómo se puede corromper algo que en principio nació para evitar precisamente la mala actuación de quienes se desempeñan en el servicio público.

Ya en este mismo espacio he dado a conocer hechos, no chismes, de cómo Baz Ferreira y su equipo de colaboradores, porque no fue él solo quien hundió al OSFEM, vendía el servicio de “protección” a los presidentes municipales en turno, a quienes, vía una empresa que crearon ex profeso para eso, ofrecía “asesoría” garantizada a los munícipes, a quien mantenía a salvo de cualquier auditoría o intervención, a cabio de algo así como 1 millón de pesos al mes.

Y cuando se veía forzado a realizar alguna auditoría a sus “clientes”, pues simplemente ponía a su disposición todo el equipo del OSFEM para “resolver” cualquier desorden en el manejo de los presupuestos. Todo a cambio de jugosas cantidades de dinero.

Por supuesto que el cinismo es parte de la corrupción, y esta persona negó y seguirá negando cualquier situación en la que él o su equipo pudiera aparecer como causante de cualquier anomalía; sin embargo, como siempre, la verdad lo alcanzó y fue suficiente la llegada de una nueva mayoría legislativa para ir sacando poco a poco lo mucho de malo que estaba encriptado en los archivos de esa pobre institución.

El adiós a Baz Ferreira no debe ser únicamente para que se vaya a su casa a disfrutar de lo que atesoró, y no precisamente de forma lícita.

Diputados como Tanech Sánches Ángeles y Gerardo Ulloa Pérez se encargaron de “encuerar” a Baz Ferreira en decenas de reuniones públicas y privadas en las que le dieron múltiples oportunidades para demostrar que su actuación había sido ´positiva, por lo menos neutral, y nunca fue capaz de hacerlo.

Detrás de los muchos escándalos que hoy existen sobre la mesa política en este Estado de México, como la no entrega de cuotas retenidas a los trabajadores gubernamentales que ocasionó la quiebra del Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios (Issemym) o el evidente desaseo administrativo que existe en el bodrio ese llamado CUSAEM, policía privada que opera al amparo del gobierno estatal, como si fuera dependencia, pero no lo es, detrás de todo eso está el OSFEM, institución que debió revisar esas y muchas otras irregularidades, pero que no lo hizo, y que cuando lo hizo, “vendió” la protección necesaria para que todo el mundo saliera “limpio”.

Detrás de la actuación de quien hoy dejará de ser el Auditor Superior del Estado de México se amasaron increíbles fortunas, y si no pregúntele al señor César Nomar Gómez Monge, quien se llevó hasta el papel sanitario del Instituto de Salud del Estado de México, pero el señor titular del OSFEM no fue capaz de detectar ninguna irregularidad.

Qué bueno que se va el señor Baz Ferreira, ojalá que los señores y señoras diputadas del Estado de México no permitan que simplemente se retire del servicio público a disfrutar de su inexplicable condición de millonario potencial, dueño de negocio de todo tipo.

Tendría que comenzar por explicar precisamente cómo pasó de servir público de medio pelo a millonario, propietario de todo tipo de negocios. Es hora que haya justicia, y ésta no termina con correr o destituir a cualquier patán de este tipo. Que reciba lo que merezca, y si tampoco son capaces de comprobar sus malos manejos, pues de antemano le ofrezco una disculpa por ser tan mal pensado.

Reciclaje priista

Ahora que la moda en el Partido Revolucionario Institucional es reciclar a personajes del pasado para tratar de enderezar a ese partido político, muchos son los emisarios del pasado que se animan e incluso abiertamente ya hablan de sus aspiraciones a competir por la presidencia estatal de lo que queda del tricolor.

Un caso especial es el del ahora diputado federal priista Ricardo Aguilar Castillo, hombre vinculado con el ala agrarista del Revolucionario Institucional, quien ya ocupó la presidencia del PRI mexiquense, en un periodo marcado por los excesos, el protagonismo y nulos resultados electorales para esa fuerza política.

De hecho hay quienes señalan que la decadencia del PRI del Estado de México comenzó precisamente con la presidencia que ejerció Aguilar Castillo en ese instituto político, y que a partir de entonces en tricolor marcha de descalabro en descalabro hasta caer en el trágico sitio en el que sus propios errores lo sumió en la fatídica elección del pasado julio del 2018.

Sin embargo, Ricardo Aguilar Castillo, soberbio, como es, cree todo lo contrario, se dice merecedor de la presidencia estatal del PRI desde la cual intentaría volver por sus fueros políticos a los cuales nunca ha pretendido renunciar y se aferra a los mismos en una especie de pacto no escrito con otros oscuros personajes del pasado priista, de los cuales, por cierto, la mayoría de los electores se dijo “hasta el gorro” en la última elección estatal.

Con un claro signo de corrupción en la frente, miembro del grupúsculo que rodeó y prácticamente secuestró políticamente al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el célebre priista pretende rehacerse en la cúpula estatal del tricolor para intentar, dice, una “renovación” que más bien tiene signos de resurrección para un partido político sumido en el abandono de sus propios militantes.

¿Qué de diferente podría ofrecer Ricardo Aguilar Castillo a la militancia del Partido Revolucionario Institucional para sacarlo de la marginación política en la que lo sumió su ex dirigente local, Ernesto Némer Álvarez? Pues en realidad, hasta no probar lo contrario, prácticamente nada, pues el hecho de ser oriundo del norte mexiquense no lo hace parte del célebre Grupo Atlacomulco que antes dominó el escenario político ni mucho menos garantiza fuerza política como para superar los malos tiempos que vive hoy el tricolor.

Dicen que la única diferencia entre Ricardo Aguilar Castillo y la actual dirigente estatal del PRI, Alejandra del Moral Vela, además de la evidente diferencia de género, es que al nacido en Jilotepec sí le gusta “pueblear”, en contraste con la actual presidente del Revolucionario Institucional quien señala en su agenda como “gira” el hecho de irse a tomar café con sus amigas a las plazas comerciales del Valle de México.

Aguilar Castillo es de esa clase de viejos políticos priistas que sí entiende que los electores están en los pueblos, en las comunidades más apartadas de la geografía mexiquense, hasta donde hay que acercarse todos los días en busca de recuperar la confianza perdida por los consecutivos yerros de otros que los decepcionaron.

Sin embargo, el PRI necesita mucho más que alguien dispuesto a ensuciarse los zapatos recorriendo rancherías para ir en busca de los que dejaron de creer en esa opción política. El tricolor requiere con urgencia de democracia interna, de actualización política, de rejuvenecimiento de estructuras, de sangre nueva y de personas con actitud diferente dispuestas a luchar por cada voto, a la buena, sin compra de favores.

Lamentablemente Ricardo Aguilar no es de esos, él está acostumbrado a lo bueno, a vivir bien, al lujo, a la comodidad de ser parte del beneficio del presupuesto político del cual ha sido parte sustancial por décadas, pues habría que preguntar desde hace cuántos años que él no sabe ganar el sustento propio y el de quienes le rodean en alguna actividad distinta a la política o el servicio público de primer nivel, resultado también de ser parte de una clase que dominó por muchos años en paisaje político de este país.

No, Ricardo Aguilar Castillo no es lo que necesita el PRI para volver al lugar privilegiado en el ánimo de la sociedad mexiquense que antes tuvo. No sé realmente quién sea, pero él definitivamente no lo es, ni por mucho.

Ricardo Aguilar Castillo es otro ejemplo de que no se pueden tener resultados diferentes cuando se insiste en hacer las cosas de la misma manera todo el tiempo. Así no se puede cambiar, así no se va a lograr nada, mucho menos resucitar algo que ya no se levanta ni en Domingo de Resurrección.

Lo mismo, pero desde otro partido

Desde los tiempos del ex presidente de la República Vicente Fox Quesada distintos municipios de la zona oriente del Estado de México han sido visitados una y otra vez por emisarios gubernamentales y empresariales en busca de comparar terrenos adyacentes a donde se pretende construir una nueva terminal aérea para los millones de usuarios de aviones que hay en el Valle de México, reconociendo ésta como la confluencia entre la hoy Ciudad de México y el territorio mexiquense.

Antes fue Texcoco, donde “negociadores” federales y estatales intentaron cambiar los machetes y azadones por carpetas de intención, cartas de compra-venta, acuerdos para transformar tierras consideradas páramos por salitrosas e infértiles en algo más productivo vía el comercio y servicios que pueden rodear y generar altas ganancias en torno a un aeropuerto que eventualmente utilizarán millones de personas al año.

Ahora sucede lo mismo en los alrededores de la Base Aérea de Santa Lucía, donde se supone que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador construirá, algún día, un nuevo aeropuerto para los mexicanos de la zona centro del país.

Comunidades como Los Reyes Acozac y Ozumbilla, del municipio de Tecámac, y Xaltocan, en Nextlalpan, se han convertido en sitios de gran “interé$” para representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que pretenden abrir campo a un proyecto que, con todo y las dudas, parece que irá adelante una vez que este tipo de cosas se resuelvan.

Lo que sucede detrás de este asunto es que el gobierno federal ya se dio cuenta que sus planes no eran tan simples como pensaban, sobre todo en torno a transformar una base aérea de uso militar en un aeropuerto comercial. Primero, porque la dimensión de una cosa y otra son totalmente diferentes; segundo, porque el objetivo de ambas es tan distinto como el día y la noche, y tercero porque las necesidades de servicios para operar son diametralmente opuestas.

A alguien ya por ahí le cayó el veinte y se dio cuenta que no es lo mismo concentrar a un máximo de cien militares en un gran terreno para que despeguen, hagan maniobras de práctica y aterricen una diez aeronaves de tamaño pequeño, a lo que se requiere para que cientos de aviones de grandes dimensiones suban y bajen todo el día  atiborrados de pasajeros, quienes por cierto necesitarán qué comer, qué beber, dónde dormir eventualmente unas horas cuando vayan como destino final a otro sitio, además de los requerimientos viales urgentes para mover a toda esa masa social.

Entonces en el gobierno federal ya se dieron cuenta que además del área que actualmente ocupa la Base Aérea de Santa Lucía, necesitarán algo así como de 50 a 80 hectáreas de terreno alrededor para desarrollar la gran infraestructura que se requiere para que un aeropuerto opere de forma eficiente.

Entonces, la administración de López Obrador ya mueve a sus mejores piezas, entre ellas a la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual senadora con licencia y Delegada de Programas Federales en el Estado de México, para tratar de llevar a cabo la delicada tarea de convencer a quienes son poseedores y propietarios de tierras alrededor de Santa Lucía para que vendan y poder ahí desarrollar todo lo que se requiere para que el eventual nuevo aeropuerto del Valle de México pueda ser viable de desarrollar.

Sin embargo esa tarea no resulta sencilla ni para la maestra Delfina Gómez ni para otro grupo de emisarios del titular de Comunicaciones y Transportes del país, principalmente porque intentan hacer las cosas como aquellos a quienes tanto criticaron en el pasado reciente; es decir, comprar barato para vender caro.

Hay que entender que es responsabilidad de la autoridad federal liberar los terrenos que se requieran para establecer la nueva terminal aérea del Valle de México, pero al final de cuentas esa misma instancia se quedará con los terrenos y los utilizará, ya sea para ampliar la capacidad de operación aérea, o para venderla, concesionarla o rentarla a particulares, para que se establezcan servicios de todo tipo que se requieren en un aeropuerto, y ahí es donde viene el descontento de quienes viven en esos terrenos actualmente.

El pretexto del gobierno federal para intentar comprar barato, a razón más o menos de 240 pesos el metro cuadrado, es que se trata de tierras de baja o nula calidad agrícola; es decir, según los especialistas del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, esas tierras prácticamente no valen nada porque ahí no se puede sembrar nada. Sin embargo, los poseedores actuales opinan muy diferente, pues, según ellos, además del valor estimativo que tienen sobre los terrenos que en su mayoría les fueron heredados de generación en generación, aseguran que sí cultivan, que sí cosechan cebada, alfalfa, incluso maíz.

Solo quisiera recordar a nuestras autoridades federales que precisamente esa disputa sobre los terrenos para construir el nuevo aeropuerto fue lo que dio al traste con el proyecto de Texcoco, porque si desde el año 2000 el gobierno federal hubiera operado bien el trato con los poseedores de tierras, hasta los macheteros de San Salvador Atenco hubieran vendido y la obra ya estaría incluso operando.

Esperemos que el gobierno de la Cuarta Transformación sea un poco más sensible a esta situación, se ponga en el lugar de los poseedores de esas tierras, abra la cartera y pague de forma justa por terrenos a los que, ya operando un nuevo aeropuerto, seguramente se le sacarán millones y millones de pesos. Luego no digan que no se los advertimos.

Alertas encendidas

La violencia e inseguridad en el país ha hecho que se activen las luces de alerta en todos los niveles de gobierno. Para la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador el fenómeno de la criminalidad se convirtió en un auténtico dolor de cabeza.

Además de que las cifras no cuadran entre la Presidencia de la República y el Secretariado General del Consejo Nacional de Seguridad, el problema va mucho más allá de si son diez o son cien los muertos en tal o cual municipio, o estado del país. El caso es que este país se les está desgranando en sus propias manos y no hay nadie que sea capaz de resolver.

El Presidente López Obrador tomó la salida más simple: echarle la culpa al pasado, decir que le dejaron un “cochinero”, un desorden total. Pero eso no arregla nada, podrá ganar espacios en los medios de comunicación, pero eso no resuelve el dolor en el que están viviendo miles de familias mexicanas.

López Obrador ha criticado reaciamente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, de quien ha dicho públicamente que le dio una patada al avispero y que por eso la delincuencia se alocó, se salió de control y este país se llenó de narcotraficantes matándose los unos a los otros. Puede que tenga razón en calificar ese momento de rompimiento que hoy todavía padecemos los mexicanos, pero eso tampoco arregla nada.

Lo que urge es una respuesta real y contundente a la terrible situación que se vive en el país, donde suman todos los días decenas de muertes violentas.

El Gobierno de México apuesta todas las canicas a que la creación de la Guardia Nacional sea la medida casi “mágica” para resolver el disparado nivel de violencia que hoy impera en las calles del país, pero el problema seguramente no se curará con esa sola medida. Aunque la Guardia Nacional la  llenen de “Rambos” o de “Robocops”, que tampoco será el caso, lo cierto es que no va a pasar más allá de lo que ha pasado antes con la creación de otros cuerpos de “élite” que dijeron que iban a apagar el incendio, y no lo hicieron.

La Guardia Nacional no es ni será la solución a todos los problemas de los mexicanos, por una simple ecuación matemática. Son más los malos que los que pudieran ser elementos de esa nueva corporación, y por muy ex policías militares o policías de la Marina que sean, la verdad es que serán una insignificancia en contra de quienes han asumido un poder fáctico en este país y hoy son casi dueños de calles, colonias, barrios, pueblos, municipios y estados.

Es urgente una solución. Realmente yo no tengo la respuesta al qué hacer para controlar este gravísimo problema, pero afortunadamente yo no soy el responsable de hacerlo. El único responsable de responder a este mayúsculo reto es quien recibió el apoyo masivo de más de 30 millones de mexicanos que votaron por el pasado 1 de julio del 2018.

Sin echarle la culpa a sus antecesores, sin escudarse en el relajo que le hayan o no heredado, el problema es hoy de él, de su gobierno, de su capacidad de respuesta, la cual debe mostrar más allá de que le guste o no, y mucho más allá de que si tiene poco o muchos meses al frente del Poder Ejecutivo federal. El asunto es hoy, la urgencia es para hoy, el responsable es él, y como tal es tiempo de responder a las altísimas expectativas que los mexicanos que lo eligieron en él depositaron. Ni modo. Sí es su bronca.

La última y nos vamos…

Ahora que los diputados mexiquenses, sobre todo los del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) tienen tan agarrado el asunto del recorte en el gasto superfluo, habría que revalorar qué es, para qué sirve y qué beneficios genera tanto a los propios miembros del Poder Legislativo como a los ciudadanos, y de paso a los medios de comunicación, el gran aparato de Comunicación Social que cobra en esa célebre Cámara de Diputados.

Los diputados están cada vez mejor comunicados con sus electores, con la sociedad, con los representantes de los medios de comunicación, pero no lo están gracias a los más de 200 que cobran en el área de Comunicación Social, sino lo hacen a través de equipos propios que cada fracción parlamentaria ha institucionalizado.

Esos equipos de cada fracción son el mejor ejemplo de lo mucho que se puede hacer bien con pocas personas, pero capaces, y sobre todo con ganas de trabajar.

Son esos equipos de comunicación de las fracciones del PRI, PAN, Morena y de todos los demás partidos políticos los que nos mantienen a los representes de los medios de comunicación acertadamente surtidos de información precisa, documentos legislativos, iniciativas, audios, fotografías, casi al momento en que están sucediendo las cosas.

Han demostrado capacidad, eficiencia y calidad, algunos de esos equipos con mínimo presupuesto, pero con amplio profesionalismo para hacer bien las cosas.

En tanto, el aparato burocrático que supuestamente debe ser el enlace oficial de los legisladores con la sociedad, vía los medios impresos, electrónicos o digitales, simplemente está echado en la hamaca, esperando que otros les hagan la chamba, para que ellos manden por ahí de las 10 de la noche, sin bien nos va, un boletín sobre algo que ocurrió 12 o más horas antes.

¿Sabrán a fondo los señores y señoras legisladoras cuánto se podrían ahorrar si prescindieran de ese aparato burocrático que evidentemente no funciona?

¿Sabrán los legisladores que su página oficial ni siquiera es capaz de transmitir en directo una de sus sesiones de trabajo y que el 90 por ciento de quienes nos interesa su trabajo nos enteramos por redes no oficiales que operan los responsables de comunicación en las diferentes fracciones?

¿Estarán conscientes los diputados mexiquenses cuántas damas adscritas al área de Comunicación Social llegan todos los días, de lunes a viernes, simplemente a checar su entrada antes de las 07:00 de la mañana, en pijama, y luego regresan después de las 12 del mediodía, arregladas como para desfile de moda, simplemente para lucir, pero no para ejercer una función pública de beneficio para el Poder Legislativo y los electores que los llevaron a las curules?

Esperemos que alguien, un día de estos, aplique en su verdadero sentido el principio de la austeridad republicana. Ahí hay mucho por hacer.