Por: José Contreras Contreras
El desabrido cuarto informe
El pasado 20 de septiembre el gobernador Alfredo del Mazo Maza envió por escrito a la Legislatura local el informe correspondiente al cuarto año de su administración, y unos minutos después pronunció un mensaje “desabridón” que no fue exactamente un resumen de lo realizado sino más bien una pose política de cara a los problemas que vive la entidad y que lamentablemente no se ha avanzado ni un centímetro en su solución durante los cuatro años que él lleva al frente del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Las expectativas no eran muy grandes pues todo el mundo entiende que en plena pandemia no se puede hacer demasiado, tanto por falta de recursos como por las posibilidades de ejecutar obra pública o programas gubernamentales, pero incluso en los asuntos inherentes a la pandemia no hubo acción alguna que los mexiquenses puedan festejar como algo destacado que la administración estatal esté haciendo por sacarnos delante de la situación.
Si se analiza tanto el mensaje como el documento enviado a los diputados locales, se celebran los supuestos avances alcanzados por la entidad en materia de vacunación, pero eso en realidad no es mérito del gobierno de Del Mazo Maza cuando la estrategia nacional de vacunación es eso precisamente: nacional, y al gobierno mexiquense lo único que le ha correspondido es hacer la convocatoria –de manera conjunta con el Gobierno de México—a los sitios donde se instalan los centros para aplicar los biológicos y, en el mejor de los casos, apoyar en la seguridad y vialidad en torno a éstos.
Entonces, si se tiene un avance significativo en materia de vacunación en el Estado de México no es precisamente logro del gobierno de Alfredo del Mazo sino más bien resultado de la buena relación que él personalmente ha construido con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de la actuación de las instancias federales involucradas en la logística y en la aplicación de las vacunas.
Los asuntos domésticos, los que verdaderamente están en manos del gobierno mexiquense, como la seguridad pública, la salud a la población abierta –más allá del Covid—y la generación de empleos dignos y bien remunerados para los mexiquenses, esos temas están prácticamente sin cambio alguno desde que Del Mazo Maza asumió la gubernatura del Estado de México.
Los triunfalistas que cobran en la administración pública estatal podrán decir que se han captado millones de dólares en inversión productiva y que se han creado importantes cantidades de nuevos empleos, pero eso resulta falaz si se le compara con todas las empresas que cerraron durante el primer año de la pandemia y también contrastándolo contra los empleos que se han perdido. De hacer el análisis así, se observará que en realidad no hay saldo positivo y que en algunos rubros en realidad la administración mexiquense incluso sale debiendo.
Y el problema de fondo, por lo menos en materia de desarrollo económico, más allá de la circunstancia sanitaria que hemos cruzado en los últimos 18 meses, es que en realidad nunca existió una política pública sólida en materia de promoción económica. El tiempo en que la secretaría del ramo estuvo encabezada por Enrique Jacob Rocha fueron en realidad meses perdidos para el Estado de México y lo único que provocó el naucalpense es que grandes empresas decidieran instalarse en entidades vecinas que ofrecen verdaderas promociones económicas, como lo es Querétaro, hacia donde se fue la mayor parte de la inversión automotriz de los últimos años, porque acá –lo han dicho los propios empresarios—incluso se les quiso cobrar “cuota” por instalarse.
En el ámbito de la seguridad pública, en el aspecto preventivo, que es la responsabilidad del gobierno estatal, la verdad es que las cosas marchan cada día peor, y aunque se hace un “juego” de cifras muy interesante para hacer ver que algunos delitos patrimoniales reportan resultados a la baja, la verdad es que la realidad es distinta y muy poco favorable para quienes están encargados del sector.
El paso de Maribel Cervantes Guerrero por la Secretaría de Seguridad del Estado de México todavía nos cobra facturas a los mexiquenses, quienes hoy tenemos un servicio intermitente, irregular y de pésima calidad, y si no lo creen solo habría que solicitar información precisa y realista sobre cuántos de los policías estatales han presentado y aprobado eficientemente los llamados exámenes de control de confianza, los cuales se han convertido en una auténtica “pachanga” y ahora los aprueban los que no se presentan a realizarlos y los reprueban todos los que sí van.
El Centro Estatal de Control de Confianza es uno de los muchos “elefantes bancos” que carga a cuestas la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México y, en consecuencia, todos los mexiquenses, pues nunca ha sido capaz de responder a la demanda que presenta la entidad que más elementos policíacos tiene en el país, pero que la mayoría realmente están faltos de capacitación y ni qué decir de su honestidad.
Por su no lo saben o no quieren darse cuenta nuestras autoridades, aprobar un examen de control de confianza es tan difícil o tan sencillo como dinero se traiga en el bolsillo, de ahí que todos los mandos medios y altos de la policía estatal cuenten con sus exámenes de control de confianza aprobados, aunque ni siquiera se hayan presentado a realizar los exámenes de química sanguínea o de orina que se demandan para revisar cómo andan en el consumo de estupefacientes, y ya ni hablamos d3e su condición física.
¿Acaso alguien conoce en el Estado de México a algún policía atlético, cuya sangre no sea propensa a diabetes, triglicéridos y todas esas cosas que orillan a un pésimo estado de salud? Pues no, en realidad no lo hay. Esta es una entidad cuyos policías son 90 por ciento obesos, mal nutridos y con una condición físico-atlética pobre, muy pobre. Y es que en realidad la dependencia para la cual laboran se ha preocupado de todo, menos del desarrollo de un esquema de vigilancia y promoción de la salud que beneficie a sus elementos.}
En la Secretaría de Seguridad del Estado de México desde hace varios años, cuatro por lo menos, se festeja que se compren vehículos para patrullar, que se adquiera armamento para liarse a balazos con los delincuentes, pero nadie se ha acordado que en buena medida los programas de disuasión del delito deben tener como base una corporación integrada por mujeres y hombres con buen estado de salud.
No hace falta hablar de si consumen o no estupefacientes, controlados y sin control, sino el origen de una mala policía está en el pésimo estado de salud de sus integrantes, y ese es el caso de la mayoría de los elementos que integran la corporación estatal responsable de garantizar la integridad personal y patrimonial de las y los mexiquenses.
Por último, en cuanto hace al sector salud del Estado de México, pues ese vive sus peores años y cuya deficiente situación ni siquiera es atribuible a quienes hoy encabezan la dependencia, sino resultado de años de saqueo en el que mucho tuvo qué ver la administración que encabezó el ecatepense Eruviel Ávila Villegas.
Ni el doctor Gabriel O´Shea Cuevas ni quien actualmente es secretario de Salud del Estado de México tienen nada que hacer para hacer que funcionen clínicas, consultorios y hospitales públicos cuando a ellos no les dejaron ni curitas para atender a los pacientes y menos aún la infraestructura hospitalaria que se pensó se construía el sexenio anterior y que hoy está totalmente abandonada en por lo menos once lugares del Estado de México, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México.
Si la actual administración estatal quisiera hacer algo realmente eficiente para sacar adelante la salud pública, tendría primero que dejar de ser cómplice del pasado y hacer valer el derecho que tenemos todos los mexiquenses a que se castigue a los responsables del saqueo y, sobre todo, se les obligue a devolver los muchos millones de pesos que se llevaron y que ahora tienen invertidos en ranchos en Querétaro o en restaurantes elegantes en Malinalco.
Porque, como por ahí se dice, “la mano que roba se puede ocultar, pero no la mano que gasta”, y ese es el caso de varios de quienes integraron el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, comenzando por el “célebre” ex secretario de Salud, César Nomar Gómez Monge, quien no se cansa de exhibirse ahora llevando un sorprendente tren de vida como millonario, a pesar de que antes de su paso por la Secretaría de Salud era un servidor público de medio pelo y sin riqueza alguna.
Esa es la realidad del tibio y desabrido cuarto informe de “resultados” del actual titular del Ejecutivo mexiquense, lo cual todavía quedó todavía más exhibido, gracias a la lamentable estrategia de comunicación que sus colaboradores montaron en torno a lo que debería ser uno de los principales actos de gobierno y que simplemente quedó ahí como algo más, como algo irrelevante, casi del tamaño de la información que expuso. De noche.
El esfuerzo magisterial
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) inició el proceso de renovación de su dirigencia estatal con la instalación del órgano independiente que tendrá a su cargo la organización y realización de la elección interna de la cual deberá salir el próximo presidente y su mesa directiva que tendrán bajo su responsabilidad los próximos cuatro años de la vida de ese que es uno de los sindicatos más importantes y grandes no solo de este país, sino de América Latina.
Desde hace por lo menos tres periodos sindicales, el SMSEM se ha visto inmerso en confrontaciones derivadas del control que un grupo ejerce en esa central desde hace décadas y que por más que se intenta no se le ha podido erradicar, a pesar de lo mucho que cada vez se habla de renovación y de una nueva cultura sindical.
A quien dejará el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México no se le puede juzgar con mayor severidad, porque, como sea, hizo todo lo posible para, desde su trinchera, colaborar para que el sistema educativo mexiquense no se detuviera del todo, a pesar de la pandemia de Covid-19.
Los resultados de su gestión deben ser analizados desde esa perspectiva, pues ninguno de sus antecesores puede decir qué él hizo algo más que lo realizado en el actual periodo, pues nunca antes se había tenido que lidiar con una situación tan dramática como lo fue el cierre definitivo de escuelas por más de un año y todas las lamentables circunstancias que el sector vivió en este periodo.
“Se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo”, quizá sería la síntesis de lo vivido en esta última gestión en el Sindicato de Maestros mexiquense, y quizá en algunos aspectos habría hasta que enfatizar, no sé si como resultado de una buena intervención de su dirigente estatal, pero lo cierto es que los maestros, en su mayoría, hicieron mucho más de lo que tenían como obligación hacer durante el cierre de escuelas.
Cientos, por no decir miles, de profesores tuvieron que reconvertirse a décadas de una forma tradicionalista de trabajo y pasar a las plataformas digitales, incluso invertir recursos propios para la compra y operación de un equipo de cómputo, o teléfono inteligente, en su defecto, para seguir dando clases desde el hogar a decenas de chamacos que estaban a kilómetros de distancia y no encerrados en las aulas como sucedía hasta antes de marzo del 2019.
Son muchos los casos ejemplares de maestros que han dado mucho más de lo que les tocaba durante esta pandemia, incluso se tuvieron que vacunar sin importar que estuvieran o no de acuerdo con eso y con la marca del biológico que les correspondió. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para apoyar el regreso a clases y aun ahora siguen dando ejemplo al jugarse prácticamente la vida todos los días al atender a niños y jóvenes que no han sido inmunizados.
Los profesores mexiquenses han sacado la cara y puesto el pecho para hacer todo lo posible para que la situación se regularice y no han escatimado en ningún aspecto su capacidad y entrega para mantener a flote un sistema educativo que realmente pudo irse a pique si no hubiera sido por ellos, por todo lo que han dado por todo lo que han contribuido.
Precisamente por ello, los maestros mexiquenses merecen, primero que nada, respeto, y luego, que se les permita por fin tener un proceso electoral abierto, franco, abierto, plural y democrático en el cual ellos, y no desde el Palacio de Gobierno estatal, se defina quién quieren ellos que los dirija, que tome las riendas de esa importante central laboral, para que el nuevo periodo del SMSEM sea verdaderamente de beneficio para todos.
Parálisis legislativa
La Cámara de Diputados del Estado de México está secuestrada desde hace más de una semana por los coordinadores de las distintas fracciones legislativas quienes mantienen una encarnizada lucha por el poder que representan las comisiones y los comités en los que se divide ese órgano de representación popular.
Muy lejos del discurso que el día de la instalación de la LXI Legislatura local manejó el diputado Maurilio Hernández González, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el cual se comprometía a no avasallar ni pisotear a ninguna fuerza política basado en la fuerza que como primera minoría tiene esa organización política en la actual representación popular, lo cierto es que los morenistas han hecho todo lo posible por hacer valer su fuerza y aplicar la técnica del “agandalle” para quedarse con todo lo que en realidad tiene importancia dentro del órgano legislativo.
Morena, vía Maurilio Hernández González, ha hecho hasta lo imposible por apoderarse de la mayor cantidad de comisiones y comités legislativos, y, sobre todo, de aquellos que verdaderamente tienen poder político y económico como Administración, Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, por supuesto Gobernación y Puntos Constitucionales, Obras Públicas e Ingresos.
Ni PAN, vía Enrique Vargas del Villar, ni PRI, por Elías Rescala, han cedido a las pretensiones de los morenistas y sus aliados, porque en esta ocasión los de guinda no tienen todas consigo y no son capaces de imponerse como sí lo hicieron fácilmente en la pasada Legislatura local cuando tenían los diputados suficientes para erigirse como auténtica mayoría parlamentaria y hacer y deshacer a su antojo. Hoy las cosas han sido muy diferentes y dudo mucho que se salgan con la suya, tendrán que aprender que en toda negociación siempre hay algo que ceder si se desea avanzar.
Y es evidente que no han sido capaces de comprender esa máxima del mundo empresarial, y se mantienen en la firme posición de no dar ni un paso atrás cuando se trata de reconocer que no son mayoría, que Morena si es el partido que más diputados logró colocar tanto por mayoría como por el principio de representación proporcional, pero que ni sumando a su aliados legítimos e ilegítimos como el Partido del Trabajo y Nueva Alianza les alcanza para salirse con la suya.
Cualquiera se preguntará ¿y por qué tanto interés en las comisiones y comités legislativos? Pues la respuesta podría ser muy larga, pero se sintetiza en: poder, dinero y exposición mediática.
Hay que comprender que cada comisión y comité que logre Morena conquistar, quiere decir que ubicará ahí a uno de sus diputados o diputadas, la mayoría impuestos desde la oficina del senador Higinio Martínez Miranda, para quien se agregarán unos pesos –varios—a su dieta quincenal por concepto de “presidente de comisión legislativa”, lo que le brindará un peso específico a la hora de las negociaciones políticas y aquellas que se tengan que realizar con las representaciones del gobierno estatal e incluso de los municipales.
Ya ni qué decir del poder mediático que ofrece el presidir una comisión o comité legislativo, claro, cuando esto se sabe hacer, como lo ha hecho en su oportunidad la diputada Karina Labastida, quien creció enormidades simplemente al poderse a trabajar al frente de lo relativo a los derechos de la mujer, alerta de género y todo lo que se relaciona con esa comisión desde la cual se ha potencializado a más no poder.
Obviamente también ha habido otros diputados que han pasado de noche en las comisiones que les ha tocado presidir, como el caso de los últimos tres emanados de Nueva Alianza que han encabezado la Comisión de Educación, instancia que creen propia por el simple hecho de provenir del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que en realidad no hicieron nada ni por mejorar al sector ni por lucir ellos. Simple show.
De ahí que se lucha con uñas y dientes por acaparar lo más posible las comisiones legislativas, donde, además, los diputados tienen derecho a nombrar un Secretario Técnico que les ayude a llevar adecuadamente los trabajos de cada comisión, puesto que incluso algunos aprovechan para colocar a sus familiares, amigos, compadres e incluso hasta a las amantes, porque ese cargo conlleva un salario nada despreciable que asegura a los cercanos tres años de ingresos muy jugosos y estables.
Así las cosas, vamos a ver hasta cuándo logran ponerse de acuerdo respecto a las comisiones y comités legislativos que les corresponda a cada partido político, ya que hasta que no se logre, la actividad legislativa seguirá paralizada sin importar que los asuntos relevantes de acumules, al cabo eso a nadie le importa, cuando se trata de pelar por posiciones, dinero y reflectores.
La última y nos vamos…
Tiene razón el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría, sobre la necesidad de que la Contraloría municipal y estatal, así como el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), investiguen seriamente el origen de los recursos con los que opera el regidor electo de Morena, Mario Alberto Hernández Cardoso, quien prácticamente lleva cuatro años de campaña en distintas delegaciones y subdelegaciones de la capital mexiquense regalando algo más que saludos y sonrisas para sus fines políticos.
Hernández Cardoso, hasta donde se sabe legalmente, no ocupa ningún cargo público en la administración pública de Toluca, pero a donde se para lleva sillas de ruedas, bastones, lentes, despensas, y todo lo que sirva al clientelismo político, lo cual siempre entrega a los beneficiarios a nombre del Ayuntamiento de Toluca.
Y no es nada más que diga que es a nombre del Ayuntamiento de Toluca, pues existen testimonios perfectamente comprobables, por ejemplo, de empleados del almacén municipal de Toluca, que constantemente se le entregan ahí materiales como botes de pintura, arena, grava, cemento, tubería PVC, y una larga lista de otras cosas que él se lleva a las delegaciones distribuir a nombre de Morena y de la autoridad municipal.
¿Por qué se le entregan esos materiales que a otros que sí son miembros del Ayuntamiento se le niegan? ¿A qué partida presupuestal se cargan esas salidas de materiales del almacén municipal y por qué concepto se registran? ¿Es lícito que un político, sin importar de qué partido es o se ostenta, reciba ese tipo de apoyos del gobierno municipal cuando a sus empleados de limpia se les niega hasta combustible para operar los camiones recolectores de basura?
Evidentemente detrás de la alianza entre la instancia municipal y el político morenista hay algo oscuro, por lo menos no muy claro, lo cual efectivamente tiene que ser investigado y resuelto por las instancias responsables de transparentar el gasto público. ¿O no?