José Contreras Contreras

Rudeza innecesaria

A tres meses de concluir la actual administración, en realidad no hacía falta crear un conflicto social como el desencadenado en Toluca en las últimas horas, por el proyecto de construcción de un par de retornos sobre el Paseo Tollocan, con los cuales, supuestamente, se pretende acabar con el nudo vial que se forma todos los días, casi a todas horas, en el inicio de los distribuidores viales.

El proyecto si bien es cierto tiene un objetivo real, pues ese punto cada vez es más difícil de cruzar para miles de automovilistas que llegan a la capital mexiquense, lo cierto es que tiene causas económicas precisas, lo cual “contaminó” el propósito principal de la obra.

La verdad oculta en el proyecto es que se trata de un acceso directo para el centro comercial Galerías Toluca, el cual no solamente ha sido beneficiado desde antes de existir, pues para que fuera posible el ayuntamiento de Toluca, en la pasada administración municipal, alteró el uso del suelo en la zona para aprobar se edificara ahí esa gran obra comercial.

El uso del suelo en esa zona es de tipo industrial, y así, como por arte de magia, se trazó un polígono interior, el cual ocupa precisamente la plaza comercial actualmente, para dar la autorización de convertir el suelo a comercial y de servicios, lo que ya de por sí se trata de una irregularidad local.

Esa plaza se ubica justo en medio de dos de las principales vialidades de la capital mexiquense: Primero de Mayo, que es el acceso directo a la zona industrial de Toluca, y el Paseo Tollocan, que es la principal puerta de entrada a la capital mexiquense.

Como no era posible quitar de ahí fábricas de todo tipo que tienen décadas instaladas, pues se supone que la plaza comercial “conviviría” lo mejor posible con el pesado tráfico de camiones de carga, tráileres que arrastran contenedores con materias primas para las factorías y hasta con la “espuela” del ferrocarril que todavía cruza por ahí, a pesar de las múltiples promesas que se han hecho en torno a sacar las vías de la zona urbana de Toluca.

Del otro lado, la plaza comercial Galerías Toluca es víctima de sus propios beneficios, pues la cantidad de gente que todos los días intenta ingresar a ésta hacer que la lateral del Paseo Tollocan, a la altura de ese recinto, sea cada vez menos transitable.

También existe el problema de que, según un estudio de movilidad de la propia plaza comercial, 6 de cada 10 clientes de Galerías Toluca provienen de la zona oriente del Valle de Toluca e incluso directamente de la Ciudad de México, y para llegar tienen precisamente que terminar de circular todo el Paseo Tollocan, luego enfrentar el complicado nudo del acceso a la vialidad Salvador Díaz Mirón, dar la vuelta en “U”, y regresar hasta el primer distribuidor vial de Tollocan, en sentido Toluca-México, para poder ingresar al estacionamiento.

Obviamente que esa complicad maniobra vial induce a que muchos prefieran no llegar a la plaza comercial, simplemente porque les da flojera dar tanta vuelta, y ahora lo que se pretende es que prácticamente haya un acceso directo al estacionamiento de Galerías Toluca para promover que haya más compradores.

Todo esto no está mal, de hecho, la construcción de los retornos deprimidos sería una acción de respaldo a la inversión productiva que mucho tiene de beneficios y de lógica, y entonces el gobierno estatal, instancia que promueve el proyecto, simplemente estaría cumpliendo su responsabilidad, ya que ese centro comercial genera actualmente importantes recursos económicos, empleos, recreación y opciones de desarrollo para la región.

Sin embargo, el problema de la obra es quizá cómo se lleva a cabo, o se intenta llevar a cabo, y es que la misma se ocultó todo el tiempo hasta que alguien destapó la caja de pandora y provocó una gran reacción social, y no porque la gente esté en contra de cualquier obra que transforme su entorno, sino porque dentro de toda la obra hay un componente que hizo que se crispara la población.

La esencia en el rechazo social que surgió en las últimas horas en contra de la obra son 120 árboles, los cuales tienen más de 45 años de vida y ahora se pretenden derrumbar para edificar los retornos deprimidos.

Obviamente, como todo proyecto, se prevé la compensación ambiental; es decir, el clásico cuento de que por cada árbol que se tire se sembrarán 10 más en la zona afectada, lo cual sería muy bonito si en realidad se garantizara que los mil 200 árboles que presuntamente se plantarían para recuperar los talados pudieran sobrevivir.

Y es que la población ya no es tan “inocente” como hace algunos años, cuando todavía les creíamos a las autoridades que era algo tan sencillo como sembrar diez árboles por cada uno de los derrumbados, como si hubiera algo que garantizara que todos los sembrados iban a sobrevivir. Eso no es cierto.

Por ello mucha gente alzó la voz desde la tarde del lunes, cuando este asunto se fue calentando en redes sociales, lo que hizo que por la noche ya hubiera convocatorias a marchas y manifestaciones en contra de la medida, no del proyecto, pero sí de la tala de árboles.

Aquí es donde viene la primera pregunta: ¿De verdad son de vida o muerte esos 120 árboles que se pretende talar para la estabilidad ambiental del Valle de Toluca?

Pues los especialistas que logré consultar este martes me dijeron que en realidad no, que sí existe forma de garantizar el remplazo de los árboles que se talen, mientras la autoridad obligue legalmente a la empresa constructora a asumir ese compromiso ambiental de largo plazo.

Primero, me explicaron que hoy existen técnicas que permiten plantar árboles ya desarrollados, plenamente desarrollados, los cuales tienen un proceso de adaptación y desarrollo obviamente más corto que si se siembra un pie de árbol que tardará 50 años o más en alcanzar el tamaño de los que se pretende derrumbar, pero lo más importante en ese aspecto es forzar a la empresa desarrolladora a su cuidado y protección de largo plazo.

Algo así como suscribir un convenio por medio del cual la empresa constructora esté obligada a hacerse cargo del desarrollo de los árboles plantados por lo menos una década, administrarlos, sanearlos, fortalecerlos vía fertilización y hacer todo lo que en materia fitosanitaria sea necesario para garantizar que los árboles se acostumbren a su nuevo hogar, se adapten, se desarrollen y crezcan para que el día de mañana sean capaces de hacer una aportación importante en materia ambiental, como fábricas de oxígeno.

De que se puede, sí se puede, lo único que se requiere es voluntad política de la autoridad y, por supuesto, el compromiso social de la empresa constructora

participante en el proyecto. Ambas cuestiones están en entredicho. La primera, porque se trata de una administración estatal a la que le quedan tres meses de gestión pública, y la segunda, porque difícilmente a una empresa constructora le va a convenir gastar diez años en cuidar árboles, sobre todo porque están acostumbradas, las constructoras, a tirar, edificar, cobrar e irse, para nunca más volver.

Ese es el meollo del asunto, pues ambas situaciones provocaron que la obra se mantuviera como “secreto de Estado”, en sigilo, y de la nada simplemente se comenzó a “bardear” con paneles metálicos el sitio donde se pretende derribar los árboles. Esperemos que en realidad la autoridad o la constructora no sean tan inocentes como para pensar que nadie se iba a dar cuenta de lo que iban a hacer, así como para que un día de esto quitaran sus barreras metálicas y ya estuviera todo talado y hasta los retornos construidos.

Es evidente que así no se hacen las cosas, pues hoy los gobiernos democráticos, aunque a la mayoría no les guste mucho hacerlo, están cada vez más obligados a “airear” los proyectos, los presupuestos, las obras, sobre todo cuando se trata de un asunto tan sensible para la sociedad contemporánea como lo es lo ambiental.

Acaso no se darán cuenta que actualmente si alguien atropella a un motociclista, por ejemplo, en Paseo Tollocan, la gran mayoría de los automovilistas que circulan por ahí únicamente se hacen a un ladito para tratar de no descuartizar el cadáver, pero incluso si no pueden, por cuestiones de tráfico, son capaces de pasarle encima. Pero si se trata de un árbol, que bien se puede sustituir, si se tiene el compromiso y se hace lo necesario para lograrlo, entonces sí ponen el grito en el cielo.

Solo para que le midamos el grado de reacción que tomó este asunto, permítanme comentar que más de cien personas se fueron a abrazas a los árboles del Paseo Tollocan, otros de plano se amarraron y hasta se encadenaron a los troncos, y ya por la tarde unas 50 personas establecieron un campamento permanente que, aseguran, no retirarán hasta que públicamente se comprometa la autoridad estatal a no derribar ni un árbol.

Más aún, la propia Comisión de Derechos Humanos, le entró a la “fiesta” y por la tarde anunció con bombo y platillo, vía boletín de prensa, que inició la queja de oficio CODHEM/TOL/435/2017, por la presunta violación al “Derecho al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado”, como resultado del proyecto de construcción de obras viales que derivarían en la tala de árboles de la especie cedro y sauce en el camellón central del Paseo Tollocan.

“Poco antes del inicio de las acciones del corte de árboles, la Codhem determinó empezar una queja que contempla la implementación de medidas precautorias de manera inmediata. Ello con el fin de frenar los trabajos y lograr que autoridades estatales y locales ofrezcan los informes correspondientes”, cita un comunicado oficial de esa institución.

Lío de ex ediles

Síndicos y regidores del pasado ayuntamiento de Toluca, el que era encabezado primero por Martha Hilda González Calderón, y concluyó Braulio Álvarez Jasso, enfrentan hoy una importante demanda que bien podría concluir en sanciones administrativas y económicas para todos los involucrados.

El lío provine del momento en que el cabildo aprobó licencia para separarse del cargo de tercera síndico municipal a Rocío Pedraza, quien en ese momento buscaba la candidatura de su instituto político, Acción Nacional, para convertirse en diputada federal.

Al concedérsele el permiso en mención, la autoridad municipal, para ser exactos, el presidente municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso, determinó que para cubrir la ausencia se convocara a su suplente, quien efectivamente aceptó cubrir a Rocío Pedraza mientras se iba a sus objetivos proselitistas.

Así llegó al cabildo María Teresa Díaz Salazar, suplente de la tercer síndico municipal, cargo que asumió y desempeñó en todos los aspectos, en funciones y salario devengado, lo cual pareciera que es plenamente correcto y que no se estaba haciendo nada malo. Pero resulta que sí.

Por ahí alguien, de esos que les gusta buscarle las mangas al chaleco o tres pies al gato, al parecer buscó y encontró los argumentos legales suficientes para demostrar que el cabildo de Toluca nunca debió haber convocado a la suplente de Rocío Pedraza, y, por lo tanto, ella nunca debió cobrar como tercera síndico municipal, por lo que, al menos desde el punto de vista de la demanda que ya fue interpuesta ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, se mal utilizó dinero público para pagarle.

Según la demanda en mención, la ley indica que, en el caso de los síndicos, las funciones de uno de ellos, cuando se ausente, deben ser cubiertas por el “próximo”. Esto se entendería que si el primer síndico se ausenta, el segundo es el que tendría que cubrirlo; si el segundo se ausenta, el tercero tendría que cubrirlo; pero ahí es donde, al parecer, el ex presidente municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso, y sus asesores jurídicos, no supieron o no quisieron interpretar la ley, la cual, según la demanda, indica que si el tercer síndico se ausenta, como fue el caso, es el primer síndico el que debe cubrir la ausencia; es decir, la secuencia seguiría encadenada, algo así como 1-2-3-1-2-3-1-2-3, y de forma infinita.

Entonces, ahora resulta que hay elementos para que la demanda prospere, y esto podría provocar, además de sanciones administrativas para todos los ex síndicos y ex regidores involucrados en la aprobación del acuerdo por el que se llamó y tomó protesta a la suplente de Rocío Pedraza, mismas que podrían llegar incluso a la inhabilitación, también se tendría que recuperar el dinero que se le estuvo pagando quincenalmente, prestaciones y aguinaldo que cobró en diciembre del año pasado.

Si la demanda prospera, todos los que aprobaron y firmaron el acta de cabildo en que se llevó a cabo esa aprobación tendrían participación en la recuperación de ese dinero, pues hasta el momento se considera como un uso indebido de recursos públicos; es decir, ese dinero nunca debió haberse entregado a la suplente de síndico, María Teresa Díaz Salazar.

Cabe señalar que algunos de los ex ediles, tal vez con conocimiento de causa de que las cosas no se estaban haciendo bien, no firmaron entonces el acta de cabildo donde se aprobó esa decisión de llamar a la suplente, por lo que, según la estrategia legal que llevan, ellos no participarían ni en las sanciones administrativas y menos en la devolución del dinero que cobró Díaz Salazar.

Dentro de los que se hicieron de “ladito” para no asumir la responsabilidad de esa decisión están la misma Rocío Pedraza, Omar Garay, Mario Medina Peralta, Carlos Alberto Escutia y Rocío Figueroa, pero el resto de los ex regidores y ex síndicos sí están en la tablita y de un momento a otro serán

llamados por la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México para desahogar su derecho de audiencia, en el que tendrán que aclarar su postura, su participación y su situación jurídica en este sentido.

Parece un asunto menor, y quizás lo sea, pero este “pequeño” asunto demuestra, primero, que la autoridad no siempre actúa en estricto apego a la ley; que existe ignorancia tácita entre quienes nos gobernaron en la capital mexiquense, y que nuestro ex presidente municipal no fue tan escrupuloso en algunos de sus actos al frente del cabildo.

Ojalá se aclare la situación de todos los involucrados, pero por ahí de mientras, lo cierto es que al patrimonio municipal se tendrán que recuperar los dineros que se pagaron a la tercer síndico suplente, porque, hasta donde se sabe de este caso, ese dinero está marcado como un “faltante” de la anterior administración municipal de Toluca, lo cual debe ser cubierto, si no se pretende que el asunto crezca y se califique de una manera diferente, pues dinero es dinero.

¿Entre más lento, mejor?

Al Instituto Electoral del Estado de México se le está haciendo bolas el engrudo en el caso de la liquidación y extinción del otrora partido político con registro estatal Futuro Democrático.

Ese instituto político que únicamente duró una elección local y que desapareció al no alcanzar el 3 por ciento de la votación válida en la anterior elección de presidentes municipales y diputados locales en el Estado de México, tendría ya que ser parte de la historia, pero a casi dos años de esa derrota electoral que asumió su presidenta, Alma Pineda Miranda, la autoridad electoral no ha podido terminar de extinguirlo.

Pareciera que se tratara de un asunto sumamente complicado el revisar la situación financiera de un partido político, pero no es así, menos cuando estamos hablando de una estructura política y financiera muy pequeña, pues no se trata de un PAN, PRD o PRI, donde hay inmuebles casi en todos los municipios mexiquenses y cientos de personas que cobran económicamente como “militantes asalariados”.

Futuro Democrático era una estructura sumamente pequeña, el inmueble más importante que disponía era su sede estatal, y esa era una casa de dos pisos rentada en una colonia media popular como la Independencia, en la ciudad de Toluca, y su estructura organizacional no llegaba a las 100 personas.

Entonces ¿por qué se han tardado tanto en extinguir al partido Futuro Democrático? Ah, pues el secreto radica en que quien lleva a cabo el proceso de extinción es un ente externo al Instituto Electoral del Estado de México; es decir, un sujeto contratado por la autoridad electoral que, ¿qué creen? Sí, adivinó usted. Cobra por cada día que transcurra en el proceso.

Es decir, el “interventor” designado por el IEEM para liquidar y extinguir al partido Futuro Democrático cobra más en la medida en que se tarde más. Eso es tan tonto como quien desea construir una casa y contrata al o los albañiles por día, en lugar de por metro cuadrado construido, o por proyecto.

Si el señor “interventor” designado cobrar por proyecto, ya tendría más de un año que se hubiera ido, pero como él cobra más si se tarda más, y cobra muy bien, pues es evidente que no lleva prisa, por el contrario, entre más pueda

prolongar el proceso, seguramente será más feliz viviendo a expensas del patrimonio del Instituto Electoral.

Sin embargo, aunque él sí está muy feliz de que el proceso se estire lo más que dé la liga, pues hay otros muchos perjudicados que no están tan contentos con ese burocrático y ridículo proceso que el interventor lleva a cabo.

Hay más de 25 personas a las que se debió liquidar hace tiempo, lo cual no ha hecho el interventor, y por lo mismo éstas y éstos no pueden contratarse en otra parte, pues aunque formalmente ya no cobran como empleados del partido Futuro Democrático, extraoficialmente siguen siendo “trabajadores”, no están separados formalmente, y por lo tanto no pueden buscar otro empleo.

Es decir, la “guevonada” del señor “interventor” designado y contratado por el Instituto Electoral tiene obligados al desempleo a un puñado de personas que todos los días ven con tristeza como no cobran, pero siguen atados legalmente a ese extinto instituto político.

Bueno, para acabarla de amolar, la misma ex presidenta, o presidenta, porque lo será mientras este señor no concluya el proceso de extinción, Alma Pineda Miranda, no puede dedicarse oficialmente a otra cosa, más que a esperar que el susodicho “interventor” siga haciéndose tonto y cobrando de lo lindo por no hacer nada.

Ayer la autoridad electoral emitió un comunicado de prensa en el que se destaca que iniciará un proceso de subasta de los bienes del partido político en extinción, Futuro Democrático, pero lo que no dice el comunicado es que ese proceso lo debió realizar el tranza interventor hace mucho tiempo, y tampoco se revela cuánto tiempo ha estado cobrando el sujeto sin prácticamente hacer nada.

Es evidente que no actúa solo ese “interventor”, que existe parte de la estructura involucrada en esto que bien podría considerarse fraudulento, pues quien cobra un dinero por algo que en realidad no hace en mi pueblo le dicen “aviador”, y a esa práctica se le conoce como desviación de fondos públicos.

Habría que revisar de quién es pariente el famoso “interventor”, y entonces nos daremos cuenta que se trata de un verdadero problema financiero, político y ético que amenaza con manchar a la autoridad electoral, a la cual, es evidente, no le conviene un escándalo del tamaño del de la empresa Cartonera, como el que se vivió hace algunas elecciones.

Si el señor “interventor” no puede ser capaz de concluir un proceso que inició hace prácticamente dos años, seguramente habrá un millón de personas en este país, plenamente calificados, para llevar a cabo ese procedimiento administrativo y de contraloría. Quien se tarda 2 años en darse cuenta que no le alcanza el dinero para liquidar lo que debió hacer hace más de 24 meses, seguramente no tiene la capacidad ni técnica ni profesional para desempeñar esa función.

Veamos cuánto tiempo más la autoridad electoral de esta entidad lo seguirá manteniendo, o hasta cuando se asumirá una decisión firme y clara sobre ese proceso de liquidación de Futuro Democrático, asunto que cada día se enrarece más.

En otra ocasión, quizá mañana mismo, daré algunos detalles de este nefasto proceso de liquidación, como el hecho de que el mismo ya le costó la vida al hombre que dedicó varios años a administrar el partido Futuro Democrático, lo que revelaría que mejor se murió antes de que el “interventor” fuera capaz de contar dos más dos.

Pero hay más, por ejemplo, existe una carpeta de investigación iniciada en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, porque, extrañamente, al señor “interventor” se le ocurrió, sin causa justificada, vaciar de la noche a la mañana la cuenta oficial de Futuro Democrático donde estaba depositado el dinero que recibió el instituto y que ya no pudo aplicar por el inicio precisamente del proceso de liquidación.

Mañana les platico a dónde transfirió el dinero el “interventor” y cuál fue el pretexto…

La última y nos vamos…

Los representantes sindicales de los trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México comenzaron una labor “subterránea” entre los agremiados para informarles, no oficialmente, sino “de cuates”, que la próxima quincena no van a cobrar completo su salario.

Según el chisme, porque reitero que no hay un oficio de por medio, sino pláticas de “convencimiento” con carácter extraoficial, la autoridad administrativa del Instituto de Salud busca hacer una “vaquita” para reunir algo de dinero y poder cubrir algunos de los muchos adeudos que sostiene con proveedores de áreas prioritarias.

Aunque no se ha aclarado a los trabajadores cuánto es lo que les van a quitar de sus salarios, se supone que el “ajuste” salarial, como lo llaman tanto los administrativos como los líderes “charros” del sector salud, irán del 10 al 15 por ciento, según la plaza que corresponda.

Se habla de reunir algo así como 100 millones de pesos que serían aplicados a los adeudos pendientes en materia de insumos, medicamentos y reactivos de laboratorio, con lo que se pretende quitar presión y poder reiniciar operaciones en áreas sustantivas que tiene por lo menos una semana que no pueden atender a nadie.

Los empleados se preguntan cuándo les van a devolver ese dinero, pero ni sus líderes sindicales ni sus administrativos tiene una respuesta y únicamente mueven la cabeza de lado a lado, así como buscando comprensión y solidaridad para cubrir el gran desfalco que hoy priva en esa institución.

Todos saben que las cosas marchan mal en el sector Salud del Estado de México, lo único que no comprenden es por qué son ellos los que tienen que pagar “el pato”. ¿O no?