Grupo Puntual / Itza Arriaga Castro

LERMA, México, 28 de Mayo de 2018.- Los conflictos generados por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca derivan de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no consultan a la ciudadanía, no consideran sus puntos de vista y violan sus derechos humanos.

Lo anterior fue señalado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Rodríguez e Ignacio López Moreno, quienes en entrevista por separado destacaron la importancia de acudir a distintas instancias para que la voz de la población sea escuchada.

Carlos Rodríguez, también coordinador de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, dijo que los derechos agrarios de la comunidad deben ser consultados.

“Eso viene desde los acuerdos internacionales que ha firmado México, y en la Constitución también establece que tiene prioridad las comunidades indígenas, campesinas, que son afectadas en su territorio. Un elemento básico es la consulta, pero suelen ser violentados esos derechos”, destacó.

Consideró que las comunidades tendrían otras vías legales para poder parar estos proyectos de infraestructura que pueden dañar su especio.

“Todos estos proyectos de infraestructura están afectando a poblaciones campesinas que son quienes tienen los terrenos donde pasan los proyectos. El problema es que no hay una consulta a las comunidades afectadas y que además son siempre hechas a un lado en el tema de planeación, pues  no hay  en el gobierno federal, estatal, ni en la empresa privada la idea de considerar el punto de vista de las comunidades que van a ser atropelladas”, expresó

Consideró que el Tren Interurbano es  un gran negocio,  ya que moverá a miles de personas entre dos ciudades que tienen una gran necesidad de comunicación, aunque esto conlleve a una situación desigual entre la iniciativa privada y las comunidades.

Por su parte, el profesor de la UAM,  Ignacio López Moreno, señaló que no se toman en cuenta los derechos de las comunidades, por lo que se realizan proyectos que no son necesarios y que afectan no solo a las comunidades sino a toda la metrópoli.

“En el fondo, tal y como se ha demostrado en diversos estudios, el daño que se ocasiona a los acuíferos va a tener consecuencias para el derecho al agua que tiene la futura megalópolis de la Ciudad de México” explicó.