ACUSAN RED INMOBILIARIA QUE OPERA CON ESCRITURAS FALSAS Y PRESUNTA COMPLICIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MP
ARMANDO PADILLA
Una familia del fraccionamiento Condado de Sayavedra denunció haber sido víctima de un fraude inmobiliario que derivó en el despojo de la casa que construyeron durante dos años y señalaron que un grupo organizado estaría operando en la zona mediante escrituras falsas, trámites notariales irregulares y posible complicidad de autoridades.
En conferencia de prensa, José Alfredo González y Alma Ávalos relataron que en 2023 adquirieron un terreno por 4 millones de pesos confiando en la documentación presentada por un intermediario identificado como Carlos “N” y un supuesto propietario llamado Alejandro “N”.
Afirmaron que iniciaron la construcción de su vivienda tras recibir validación de la Asociación de Colonos y aseguraron que, luego de invertir más de 7 millones de pesos en la obra, fueron notificados por la Fiscalía mexiquense de que existía una investigación por despojo debido a que la escritura presentada por Alejandro “N” había sido denunciada como falsa.
Días después, personal de la Fiscalía Regional acudió al inmueble y les ordenó retirarse para asegurar la propiedad y señalaron que un funcionario identificado como Celso habría actuado de manera irregular durante la diligencia, lo que permitió que terceros tomaran posesión del predio.
Los afectados afirmaron que su caso no es aislado y aseguraron que en Sayavedra opera una presunta red dedicada a apropiarse ilegalmente de propiedades de alto valor mediante los mismos intermediarios, supuestos propietarios y servidores públicos que facilitan trámites o alteran expedientes.
Organizaciones civiles y representantes de víctimas señalaron que existen al menos 12 casos similares en este fraccionamiento relacionados con escrituras apócrifas, ventas fraudulentas y aseguramientos que terminan favoreciendo a terceros ajenos a los legítimos compradores.
La Fundación Delos, encabezada por Carlos Mara, pidió a la Fiscalía de Justicia investigar la actuación de servidores públicos, reactivar carpetas por fraude y abuso de autoridad y determinar si existe una estructura delictiva detrás de estos hechos.
La familia exige recuperar su hogar y que los responsables sean procesados al advertir que este tipo de despojos continúan ocurriendo en otros municipios del Estado de México pese a reformas recientes como la Ley Carlota y la Ley Lupita Chávez creadas para frenar los delitos patrimoniales.