DIRIGENCIAS PROVOCAN DESPIDOS MASIVOS Y CONFLICTOS LEGALES; CERO RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
HORACIO JIMÉNEZ
La crisis laboral en el Estado de México ha llegado a afectar a los partidos políticos, donde cambios en la dirigencia han resultado en despidos masivos de personal que ha estado trabajando durante años.
La reciente llegada de una nueva dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha desencadenado una ola de despidos, dejando a muchos ex empleados en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
En particular, el caso del partido Movimiento Ciudadano no ha sido la excepción. Con la entrada de Juana Bonilla a la dirigencia, se han despedido a numerosos trabajadores que formaron parte de la institución desde que este partido fue fundado.
A estos empleados se les ha solicitado firmar renuncias a cambio de una indemnización irrisoria, lo que ha generado un clima de tensión y descontento.
Los despidos no solo afectan la estabilidad laboral de estos trabajadores, sino que también han llevado a Movimiento Ciudadano a enfrentar sentencias laborales (laudos) que impactan directamente en sus prerrogativas, las cuales provienen de fondos públicos.
Esta situación ha creado un escenario complicado para el partido, que se ve obligado a lidiar con las consecuencias legales de sus decisiones administrativas.
“Cada cambio de dirigencia en los partidos políticos parece venir acompañado de una violación de derechos laborales. Es inaceptable que se trate a los trabajadores de esta manera, especialmente a aquellos que han dedicado años de servicio”, comentó un ex empleado que prefirió permanecer en el anonimato.
La situación actual pone de manifiesto una preocupación más amplia sobre el respeto a los derechos laborales dentro de las instituciones políticas del Estado de México.
La falta de estabilidad laboral y el desprecio por los derechos de los trabajadores podrían tener repercusiones no solo en la moral de los empleados, sino también en la imagen pública de los partidos involucrados.
Este fenómeno resalta la necesidad de que los partidos políticos adopten prácticas más justas y transparentes en la gestión de su personal.
La justicia laboral debe ser una prioridad, no solo para proteger a los trabajadores, sino también para asegurar la integridad y la confianza en las instituciones políticas del estado.
La ciudadanía merece partidos que respeten y valoren a quienes contribuyen a su funcionamiento y éxito.