PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CERCA DE 3 MIL ELEMENTOS REALIZARON EL OPERATIVO LIBERACIÓN EN 14 MUNICIPIOS DEL EDOMÉX
SUSANA CORREA
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó que se desplegó la “Operación Liberación” en 14 municipios del Estado de México con la participación de más de 2 mil 800 elementos de fuerzas federales y estatales, en 63 células operativas.
El objetivo, afirmó, es combatir de manera frontal las redes de extorsión que controlan precios y acaparan mercancías como materiales de construcción, cárnicos y alimentos para animales.
Durante una conferencia de prensa conjunta con el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, García Harfuch subrayó que esta acción es “la más grande que se ha hecho en el país de manera simultánea” contra estructuras de extorsión.
Informó que se realizaron cateos en 52 establecimientos, entre tlapalerías, carnicerías, criaderos, centros sindicales y de paquetería, donde se aseguraron bienes y productos vinculados con la red criminal.
El funcionario federal detalló que se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión en territorio mexiquense y se logró detener a Bernardo Alejandro “N” en Quintana Roo. La estrategia, dijo, forma parte del plan nacional contra la extorsión lanzado el pasado 6 de julio, que ya suma 48 personas detenidas.
Por su parte, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, explicó que el operativo se diseñó para desarticular esquemas de coacción económica donde grupos criminales imponían cuotas, controlaban precios y obligaban a comercializar en puntos específicos mediante amenazas y violencia moral.
El fiscal aclaró que los detenidos no son sicarios, sino operadores logísticos y financieros que controlaban rutas de distribución, contabilidad y ventas de mercancía bajo esquemas de sobreprecio de hasta 122 por ciento. “Tenían el control de mercados locales, imponían tarifas, condiciones y lugares para adquirir los productos”, sostuvo.
Cervantes señaló que las personas arrestadas enfrentan cargos graves y podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión. En algunos casos, se utilizaban sindicatos para imponer monopolios, como en Valle de Bravo.
Las autoridades afirmaron que continuarán con la operación y garantizarán seguridad a los sectores afectados.