ANTE LOS MÚLTIPLES CASOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA MUJERES, LA LEGISLATURA ENDURECIÓ LAS PENAS
MIREYA AYALA
El reciente caso de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum reabrió el debate sobre la seguridad y respeto hacia las mujeres en el servicio público, donde el poder sigue sin representar protección frente a la violencia de género.
En el Estado de México, diversas funcionarias, entre ellas presidentas municipales y diputadas, han denunciado agresiones sexuales y abuso de autoridad, evidenciando un patrón estructural de violencia en el ámbito institucional.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Teoloyucan, donde cuatro trabajadoras acusaron al secretario del Ayuntamiento, Cristian Lara Frayre, por acoso sexual, hecho que derivó en su suspensión y posterior destitución.
También, la diputada federal Claudia Garfias denunció haber sido víctima de agresión física y abuso sexual en Acolman, presuntamente por un chofer vinculado a un legislador local, en un contexto de disputa política.
Según la Legislatura mexiquense, entre 2022 y 2023 se documentaron 4,520 casos de hostigamiento y acoso sexual en el servicio público, lo que llevó al Congreso a endurecer sanciones y garantizar atención con perspectiva de género para proteger a las víctimas.