ES NECESARIO FORTALECER LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LOS PODERES JUDICIALES, SEÑALA EL PRESIDENTE DE LA SCJEM

MARIO RODELA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar enfatizó que lo que requieren los Poderes Judiciales es el fortalecimiento de su autonomía presupuestal y no una austeridad debido a que enfrentan carencias en personal, instalaciones y equipo.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de la aplicación de su aplicación oportuna, transparente y eficiente, eso permitirá acercar a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”, comentó.

Al participar en el tercer Diálogo Nacional entorno a las reformas Constitucionales al Poder Judicial refirió que México es un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago, de ahí que uno de los primeros objetivos de una reforma integral sea la de abatir dicho rezago o al menos disminuirlo.

“La justicia cotidiana posee su primer punto de contacto con la ciudadanía en los ámbitos judiciales locales, por lo tanto, toda reforma que pretenda ser sistemática e integral debe tomar en cuenta las necesidades de los estados y enfocarse a fortalecerlos, por ello, desde la experiencia local busquemos la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista”.

De manera adicional, señaló que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI refiere que en México las entidades cuentan en promedio con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes particularmente, el Estado de México tiene 2.8, de ahí que se requiere que al menos se fije una meta de 10 jueces por cada 100 mil habitantes. Entre las propuestas que planteó se encuentra incorporar a la Constitución general el principio de que los presupuestos de los poderes judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente; crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades y fortalecer la carrera judicial con concursos de oposición para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país.