LA REFORMA TAMBIÉN CONTEMPLA DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó elevar hasta 13 años y cuatro meses de prisión las sanciones por delitos contra la seguridad pública cuando se utilicen drones, dispositivos de geolocalización o sistemas de videovigilancia.
El dictamen, presentado a partir de una iniciativa de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, plantea reformar el Código Penal estatal, que actualmente contempla penas de seis a 10 años para estas conductas sin precisar el uso de drones.
La propuesta considera como agravante la utilización de estos dispositivos para captar imágenes, sonidos, señales, voces o información de cualquier naturaleza, cuando dichas acciones estén relacionadas con los delitos contemplados en la legislación estatal.
Durante la discusión, el diputado Octavio Martínez Vargas pidió mantener atención sobre la aplicación de la reforma, al señalar que drones también son utilizados legalmente por particulares y servidores públicos para actividades como la topografía.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón señaló que la modificación amplía el alcance de la propuesta original y establece un tratamiento para las conductas relacionadas con vigilancia y captación no autorizada de información. La reforma, de ser aprobada por el Pleno, se aplicaría a delitos del ámbito local.