EXPERTOS ADVIERTEN QUE EL ORGANISMO NO ADMITE DEMANDAS DE EMPRESAS Y QUE EL SAT PODRÍA EMBARGAR ACTIVOS
MIREYA AYALA
Ricardo Salinas Pliego anunció que llevará su conflicto fiscal con el SAT a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de “persecución sistemática”, pese a que expertos recuerdan que la CIDH no admite demandas de empresas, solo de personas físicas.
El empresario mantiene adeudos que ascienden a 74 mil millones de pesos derivados de 32 litigios iniciados desde 2008.
Su defensa alega un supuesto “acuerdo verbal” con el gobierno anterior para pagar solo el 10% del total, versión desmentida por el ex procurador fiscal Arturo Medina y por la actual procuradora, Grisel Galeano, quien reiteró que “no hay pacto ni acuerdo”.
La estrategia de litigios y amparos ha permitido a Salinas retrasar el pago por más de una década. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo y la renovada integración de la SCJN obligan a resolver cada caso en un máximo de seis meses, acortando su margen de maniobra.
De los 74 mil millones en disputa, 48 mil millones fueron revisados por la Suprema Corte y el fallo le fue desfavorable a Salinas, por lo que el SAT podría proceder al embargo de cuentas, acciones o incluso activos emblemáticos.