• Propone Sergio García Sosa reforma a la Ley de Desarrollo Social para transparentar el beneficio colectivo

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 3 de Marzo de 2022.- Con el fin de dotar de operatividad y acción a la Contraloría Social del Estado de México, estableciendo funciones específicas que ayuden y fortalezcan el fomento de una cultura de vigilancia y de control tanto de recursos como de programas sociales, el diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar la Ley de Desarrollo Social.

Añadió que la generación de programas sociales para combatir a la pobreza es un tema que se ha generado a partir de los años 80´s, mismos que se dieron como una estrategia de control político y social, presentando una gran manipulación para favorecer, electoralmente, al partido en el poder.

“En nuestro país surgen mecanismos para inhibir y combatir la corrupción y el uso político de programas sociales, entre otros, la inclusión de la participación social para garantizar la correcta aplicación hacia la población objetivo. Tal es el caso de la Contraloría Social, la cual está encaminada al control, vigilancia y evaluación de programas y acciones gubernamentales por parte de personas y/u organizaciones, que promueven una rendición de cuentas vertical/transversal “, explicó.

García Sosa resaltó que la Ley General de Desarrollo Social define a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

“En nuestra entidad, La Ley de Desarrollo Social del Estado de México establece que la Contraloría Social es la encargada de evaluar y vigilar a petición expresa, las acciones relativas a la distribución y aplicación de los recursos públicos a efecto de que se realicen con transparencia, eficacia y honradez”, añadió.

Sin embargo, dijo, a diferencia de la Ley General de Desarrollo Social, en la legislación local no se encuentran atribuciones o funciones específicas a la Contraloría Social, lo que dificulta su operatividad y verificación.

Finalmente, indicó que una Contraloría Social fuerte requiere, forzosamente, instrumentos no sólo para exigir respuesta por parte de los gobernantes, sino también para exigir sanciones en caso de irregularidades, cumpliéndose así la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.