Que gobiernos municipales garanticen agua, luz y seguridad a todos los desarrollos habitacionales

  • Mexiquenses merecen viviendas dignas que cuenten con todos los servicios básicos que mejoren su calidad de vida

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 18 de Abril de 2021.- Con un desarrollo urbano planificado y ordenado, las entidades fomentan estructuras urbanas orientadas a la accesibilidad, competitividad e integración social, lo que en el Estado de México es primordial atender porque el 87 por ciento del total de la población es urbana y el 13 por ciento restante es rural, aseveró el diputado Reneé Rodríguez Yánez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Por ello, dijo, presentó una iniciativa para reformar el Código Administrativo del Estado de México, misma que contempla la obligación de los gobiernos municipales de garantizar el acceso de servicios básicos como agua, luz y seguridad en todos los desarrollos, conjuntos y unidades habitacionales ubicados en territorio mexiquense.

«Las familias mexiquenses merecen viviendas dignas que cuenten con todos los servicios básicos que mejoren su calidad de vida y el desarrollo pleno, por lo que es necesario garantizar el derecho a la vivienda a través de un desarrollo urbano planificado y ordenando», señaló.

Rodríguez Yanez, indicó que los desarrollos habitacionales representan una de las formas de crecimiento urbano más habituales que genera espacios de suelo para la producción de vivienda, sin embargo, el aumento de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios no se ha acompañado correctamente de obras para la urbanización, como redes de agua potable, de drenaje pluvial y sanitario, de distribución de energía eléctrica, así como  un adecuado equipamiento urbano.

Indicó que en el 2020 la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda precisó que esta problemática existe porque la producción de viviendas superó la capacidad de los municipios para otorgar y generar, infraestructura adecuada de servicios públicos en las zonas donde se ha construido vivienda nueva.

“Esta problemática, tiene su origen en la falta de orden administrativo, que además dificulta la gestión, generando un clima propicio para los actos de corrupción de servidores públicos, que otorgan permisos sin llevar a cabo los estudios y análisis necesarios para garantizar la seguridad de la población”, añadió.

Por último, consideró importante colocar en el centro de la dinámica estatal el desempeño de los gobiernos municipales, con una correcta evaluación de impacto urbano, orientado a obtener corresponsabilidad entre autoridades y empresas inmobiliarias.

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