AMNISTÍA A LONGINO, HOMBRE NAHUA ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE
MARCO BERNAL
En un hecho inédito, la Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) otorgó -por unanimidad- amnistía a Longino, hombre nahua originario de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, quien hace 14 años no tuvo acceso a una defensa culturalmente adecuada, por lo que en aquel momento no se respetaron plenamente sus derechos como integrante de una comunidad indígena.
Durante una sesión pública, realizada en la sede de la Sala ubicada en el histórico Palacio de Justicia de Toluca y que atestiguaron representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, el Presidente de ese órgano, Magistrado Arturo Márquez González, explicó que se resolvió el caso bajo el fundamento de que al sentenciado no se le asignó traductor ni defensor con conocimiento de su lengua ni de sus usos y costumbres, como lo establece el artículo 2° Constitucional.
Longino, de 59 años, hijo de campesinos, padre de once hijos y con estudios solo hasta el tercer año de primaria, fue condenado, en 2012, a 47 años de prisión. Su caso se derivó de una disputa con un grupo delincuencial que provocó una pelea durante una boda en su comunidad. En los hechos, Longino resultó herido y, tras un forcejeo, uno de sus agresores falleció. Dos meses después fue detenido y juzgado por homicidio calificado, sin que se hubiera considerado que se trató de una riña.
Las Magistradas: Verónica Carrillo Carrillo, Érika Icela Castillo Vega, María Ledit Becerril García, y el Magistrado: Lorenzo René Díaz Manjarrez, junto con Márquez González, expresaron sus consideraciones y votaron por unanimidad. Coincidieron en que el caso analizado cumplía con los requisitos legales para la procedencia de la amnistía y que existieron violaciones claras a los derechos humanos del beneficiario, entre ellas la falta de una defensa culturalmente adecuada.
Verónica Carrillo enfatizó que la ley contempla excepciones para delitos de alto impacto cuando existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, como ocurrió en este asunto. María Ledit Becerril subrayó la omisión -desde el inicio del proceso- de reconocer la calidad indígena del solicitante, lo que impidió una protección reforzada de sus derechos.
Por su parte, Érika Icela Castillo destacó que esta resolución no borra el pasado, pero sí abre una nueva ruta de vida para quien fue vulnerado, reconociendo que las instituciones pueden corregir y mejorar. Lorenzo René Díaz Manjarrez sostuvo que el proyecto materializa el principio de optar siempre por la justicia cuando entre en tensión con la norma, al haber quedado acreditado que no se juzgó con perspectiva intercultural ni se garantizó una defensa efectiva.
Entrevistado al término de la sesión, el titular del PJEdomex, Magistrado Fernando Díaz Juárez, explicó que esta decisión es resultado de un trabajo interinstitucional que ha permitido identificar, analizar y atender asuntos que exigen una mirada distinta, respetuosa de la identidad, lengua y cosmovisión de quienes forman parte de comunidades indígenas.