Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 22 de Noviembre de 2021.- La impunidad, corrupción y los bajos índices de enjuiciamiento se han mantenido con una frecuencia alarmante para todos los delitos, incluidos los abusos contra las garantías individuales, consideró José Antonio Lara Duque, cofundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Por ello, urgió a las autoridades del gobierno federal a poner énfasis a la reforma dirigida al Poder Judicial mexicano para evitar que la ciudadanía deje de denunciar o la autoridad de investigar la comisión de delitos.
“Es impostergable que la perspectiva a favor de los derechos humanos y el freno a la corrupción que impulsa el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se garantice con el arribo de la persona que cubra la vacante del ministro Fernando Franco el próximo 12 de diciembre”, expresó.
Lara Duque afirmó que al interior del máximo circuito judicial aún hay resistencia para aceptar la perspectiva a favor de los derechos humanos ante la arraigada política que se ha desarrollado en algunas regiones del país desde hace más de siete décadas.
Por ejemplo, dijo, en el Estado de México es inconcebible que tras una reforma al marco legal en materia de amnistía y con pruebas que demuestran que personas están privadas de su libertad de manera injusta, aún están en prisión, por lo que es necesario que la autoridad judicial reconozca que se cometieron abusos o se registraron inconsistencias al debido proceso, y aún así, las personas injustamente presas no hayan obtenido su libertad en este momento.
Agregó que se han detectado obstáculos burocráticos que impiden que las personas con escasos recursos soliciten amnistía al no ser un proceso asequible, ya que a pesar de que existen pronunciamientos por parte del organismo público, los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense han criminalizado de manera sistemática a las personas injustamente presas, a pesar de ser inocentes.
Por ello, hizo votos para que los legisladores federales opten por la mejor carta que logre agilizar un cambio de paradigma al interior del Poder Judicial federal a través de los juristas propuestos, por lo que una vez desahogado el proceso legislativo, la persona designada contribuirá a dar continuidad al objetivo de la Ley de Amnistía, que es construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, particularmente de las más vulnerables.
“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país, en el mismo caso están los menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, finalizó.