Adrián Rangel
PUNTUAL JALISCO
Guadalajara, Jal.- La Villa Panamericana es un problema que ha venido cargando el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) durante ocho años ya que no ha concluido con el destino de ellas, además con una gran preocupación por recuperar el dinero de los trabajadores del estado, por lo cual ha estado en busca de varias alternativas para lograr este cometido, entre esto la venta del inmueble es una de ellas.
El Gobierno del Estado en un comunicado de prensa menciona “Actualmente existen negociaciones avanzadas con un consorcio integrado por cuatro sociedades mercantiles mexicanas, que de concretarse, podría desembocar una transacción final de mil 500 millones de pesos (mdp). El objetivo es recuperar el dinero de los trabajadores del estado y evitar los gastos de mantenimiento del inmueble. El futuro uso que los promoventes quieran dar a la Villa Panamericana queda fuera de las competencias y atribuciones del Ipejal y tendrá que ser solventado en función de la normativa municipal”.
Por otro lado; el Diario NTR publicó que el gobierno del estado tiene un acuerdo para la venta del inmueble con la empresa Green Life Capital, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos, cuyo contrato se firmará este próximo 30 de agosto y quienes venderán las viviendas de estos edificios cuya pago servirá para que Green Life Capital pague en el término de cuatro años tanto a Ipejal como al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).
Sin embargo; el presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, dice no estar enterado de estas negociaciones, “nosotros no estuvimos involucrados en este proceso de venta que hoy se publica en un medio de comunicación” (…) “pusimos sobre la mesa tres condiciones en la cuales nosotros no podemos movernos hacia ningún lado la primera de ellas la situación jurídica de la propia villa panamericana existen alrededor de seis suspensiones o amparos que impiden cualquier modificación en torno a la villa panamericana es decir no se puede otorgar ningún permiso por toda la situación jurídica en la cual está envuelta, punto número dos el que se mencionara quién y cómo pagarían las medidas de mitigación al impacto ambiental descritas en el estudio realizado por especialistas hace tres años y tercero y para mí la más importante de todas el que se presentara un plan de ordenamiento para toda la zona del Bajío que incluya un decreto para que tenga la consideración de zona de fragilidad ambiental”, dijo Lemus Navarro.
En la mañanera de los lunes, el dirigente de Morena, Hugo Rodríguez, manifestó:”el único trámite jurídico y legal es que lo destruyeran y es a lo que se han negado en todo este tiempo, entonces ahí tenemos un conocimiento digamos muy claro hasta como si están hablando de una venta o de una utilización de ese edificio para cualquier fin está violentando la ley totalmente”.