• Analizan diputados abrogar la ley que creó la Comisión de Factibilidad del Estado de México

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 18 de Noviembre de 2020.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal, y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, continuaron con el análisis de la iniciativa que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, además de la abrogación de la ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México.    

Durante la reunión de trabajo en la que participaron los secretarios de Desarrollo Urbano y Obra, y de Justicia y Derechos Humanos, Rafael Díaz Leal Barrueta y Rodrigo Espeleta Aladro, respectivamente, quienes dieron sus puntos de vista sobre la propuesta de eliminar el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), hicieron lo propio representantes del sector empresarial.

El diputado Nazario Gutiérrez Martínez, integrante del grupo parlamentario  de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y proponente de la iniciativa, indicó que la Legislatura local tiene la suficiente capacidad para proponer este tipo de temas, por lo que se puede abrogar y eliminar los tramites, ya que la inversión se ha ido a otros estados por la burocracia y corrupción que genera la ventanilla única, además de cuestionar por qué a tres años de haberse constituido la Comisión de Factibilidad del Estado de México, apenas se publicita su reglamento. 

A nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón solicitó que la propuesta se analice profundamente con el fin de no cometer actos inconstitucionales, pues el propósito es entregar los elementos que puedan perfeccionar este marco jurídico con el fin de entregar buenos resultados a los empresarios, que finalmente son los más afectados por este tipo de decisiones.

La legisladora Araceli Casasola Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó si con todos los requisitos que solicitan en el Dictamen Unico de Factibilidad (DUF), con esta reestructuración se lograran abatir los tiempos y si será más eficiente su expedición.

Mientras que la diputada Ingrid Schemelensky Castro, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que se debe apostar a la simplificación administrativa, entendiendo las jerarquías normativas, y pregunto cómo se podrán solventar las necesidades de que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) transite hacia los 125 municipios.   

Finalmente, el diputado Juan Maccise Naime, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que es entendible la inquietud respecto al trámite del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), sin embargo, la propuesta en sus términos generara mas tramites, regulaciones diferentes para situaciones similares, incertidumbre y falta de operatividad.

Durante su intervención, Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra reconoció que el proceso para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) debe ser mucho más ágil, transparente y eficiente, porque en la medida en que se tengan criterios claros y el solicitante tenga claro si es sujeto del dictamen o no, y en caso de serlo, ser competitivos para la inversión privada que es importante en estos momentos de reactivación económica.

Resaltó que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) logra los objetivos de ser una ventanilla única, es un documento que otorga certeza jurídica a la inversión y es un instrumento que ayuda a estandarizar criterios en materia de crecimiento urbano y desarrollo económico, lo que es fundamental porque en la medida en que se tiene una ventanilla única con un solo criterio, permite hacer la apertura de nuevas unidades de negocio y se tiene un crecimiento urbano y económico más ordenado y sostenible.

Mientras que el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro resaltó que se debe tomar en cuenta que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) se clasifica en dos, en el comercial y el de impacto urbano, donde el primero se contempla en la Ley de Competitividad y el segundo está regulado en el Código Administrativo, ambos del Estado de México. 

Por último, indicó que la iniciativa se ha ido modificando en aras de lograr un mayor alcance en el objeto que pretende, la exposición de motivos refiere de manera precisa que el Dictamen Único de Factibilidad de la ley de competitividad no ha funcionado, mismo que tiene como antecedente la regulación de ciertas actividades de unidades académicas que son ilegales.