- Solicita que se construya por lo menos un refugio para mujeres maltratadas y sus hijos en cada municipio de la entidad
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 1 de Diciembre de 2021.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a fin de que el Gobierno del Estado de México esté obligado a instaurar, en cada uno de los 125 municipios, un refugio para mujeres víctimas de violencia y, en su caso, sus respectivas hijas e hijos.
La legisladora Claudia Desiree Morales Robledo, indicó que los altos índices de violencia contra las mujeres en el Estado de México exigen fortalecer el marco jurídico, pues es la entidad que más violencia de género registra en todo el país al registrar en los primeros nueve meses el asesinato de 256 mujeres, de los que solo 110 casos fueron tipificados como feminicidio.
“Esta iniciativa tiene, además, los objetivos de fortalecer la atención brindada a las mujeres violentadas, incluir las garantías de no repetición a favor de las víctimas, brindar mayores elementos de denuncia para aquellas mujeres que sufran violencia institucional y otorgar al Poder Legislativo la facultad de solicitar la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, añadió.
Sobre los refugios, explicó que deberán contemplarse en el presupuesto de egresos de cada año, así como los recursos necesarios para su funcionamiento y operación, de manera que las mujeres mexiquenses en esta situación encuentren un lugar seguro y una esperanza de una vida sin miedo.
“Se propone que dichos refugios sean puestos en funcionamiento, operados y administrados por la Secretaría de la Mujer. Se le retira a la Secretaría de Desarrollo Social, la atribución de coadyuvar al establecimiento de refugios para mujeres y se obliga a los municipios a generar facilidades administrativas para la instalación de los refugios estatales en su jurisdicción”, añadió.
Morales Robledo añadió que con la finalidad de hacer que la Alerta de Violencia de Género sea un mecanismo operativo y siguiendo la premisa de la división de poderes en la entidad y como contrapeso del Poder Ejecutivo y de los municipios, propone que se le otorgue la atribución al Poder Legislativo de solicitar ante la Secretaría General de Gobierno la emisión de la declaratoria.
Finalmente, mencionó que los efectos de tal medida constituyen un contrapeso para el Poder Ejecutivo al vigilar las acciones que éste emprenda en la materia, así como los resultados que en violencia de género se presenten en la entidad, pues la limitación de que sólo los municipios puedan solicitar la activación de la alerta representa un acotamiento que podría generar que sean omisos respondiendo a razones que contravengan el interés público.