Grupo Puntual / Victoria Pineda
Grupos casineros han manifestado que personeros cobran millonarias sumas para dejarlos operar.
Se trata, denuncian, de personal enviado por la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), que encabeza Manuel Marcué Díaz.
Y es que la cantidad por el llamado “descorche”, que es operar sin presión y así evitar clausuras o multas durante los siguientes tres años, llega hasta los 20 millones de pesos.
Y los intentos de extorsión no terminan ahí, se afirma.
En caso de que se acepte liquidar el “descorche”, posteriormente se informa que por cada casino que se tenga abierto, el permisionario debe pagar una mensualidad de 300 mil pesos.
El modus operandi consiste en cerrar casinos en las principales plazas del país, como Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León.
Hasta ahora esta actividad cuenta con 36 permisionarios activos, los cuales mantienen a la fecha poco más de 370 salas de juego en operaciones, tales como Administradora Mexicana de Hipódromo, Apuestas Internacionales, Atracciones y Emociones Vallarta, Divertimex, El Palacio de los Números, Espectáculos Deportivos de Occidente y Ganador Azteca, por mencionar a algunos.
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GANADOR AZTECA NO TIENE NINGUNA SALA ABIERTA, A ELLOS MENOS LES COBRARIAN UN «DESCORCHE».