DENUNCIAN PAGOS MILLONARIOS ILEGALES DEL ANTERIOR GOBIERNO PRESIDIDO POR ELENA GARCÍA, ACTUAL DIPUTADA LOCAL
HORACIO JIMÉNEZ
Serán presentadas denuncias para que se abran carpetas de investigación por un presunto desvío de recursos millonario cometido por la pasada administración municipal de Tultitlán, afirmaron representantes legales de las colonias Fimesa 1, 2 y 3.
El proceso legal será presentado ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Contraloría estatal en Naucalpan, enfocándose en la venta ilegal de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan.
Por estas tierras se habrían pagado 38.5 millones de pesos a la organización denominada Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque, Asociación Civil.
Además, en 2023, se pagaron cinco millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho).
Según el abogado Iván Fuentes Vázquez, este esquema buscaría justificar la transferencia de propiedades, cambiando incluso el nombre de las colonias, lo que podría afectar los derechos de vecinos con más de 40 años de residencia y títulos de propiedad en regla.
Durante una reunión fuera de la Iglesia de Fimesa 3, más de 200 personas escucharon los avances de las investigaciones.
Los vecinos exigieron justicia a la actual presidenta municipal, Ana Castro, y a la gobernadora Delfina Gómez, señalando presuntos actos de corrupción en la administración de Elena García, ahora diputada local.
El abogado Iván Fernández presentó un documento que evidencia un desvío de 38.5 millones de pesos hacia la Asociación Civil vinculada políticamente con la administración pasada.
Según Fernández, no se realizó una escritura pública que respalde la operación, sino un simple reconocimiento de pago ante la notaría 90 del Estado de México.
“Con este esquema, buscan justificar el despojo, cambiar el nombre de las colonias y apropiarse del terreno,” declaró Fernández. Añadió que si Desarrollo Urbano del Ayuntamiento afirma que el terreno pertenece al municipio, es para facilitar el despojo y la apropiación ilegal del mismo.
Los vecinos planean realizar una consulta con los lineamientos establecidos por la comunidad y entregar los resultados a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez, en busca de una solución definitiva y justicia para las familias afectadas.