- Diputados llamarán a cuentas al Fiscal General de Justicia sobre la calidad en las investigaciones
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 4 de Noviembre de 2021.- Familiares de víctimas de feminicidio, cuyos casos están incluidos en el informe Juicio a la Justicia de Amnistía Internacional México, acusaron desinterés, indiferencia y revictimización tanto de ministerios públicos como de la policía de investigación, y pidieron sanciones a funcionarios que hayan obstaculizado la obtención de justicia por omisiones en las carpetas de investigación.
Ante ello, la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, adelantó que solicitará la comparecencia del fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para que rinda cuentas sobre la calidad de las investigaciones sobre los feminicidios y desapariciones en la entidad.
“También analizaremos el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para fortalecerla e impulsar una campaña informativa para que la ciudadanía tenga la certeza de que no deben esperar 72 horas para presentar una denuncia por desaparición”, agregó.
Labastida Sotelo refrendó su compromiso de que en esta comisión legislativa será una aliada en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como para mejorar las políticas públicas y combatir las deficiencias en las instituciones, especialmente en las agencias de los ministerios públicos.
Además, a nombre de las integrantes de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, expresó su respaldo a Amnistía Internacional y a las familias de las víctimas, así como su deseo de colaborar para que las instituciones sean eficaces en la impartición de justicia.
“Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, compartió que en el citado informe se detectaron deficiencias, omisiones y falta de perspectiva de género en las investigaciones judiciales, así como pérdida y resguardo ineficiente de evidencias, entre otros aspectos.
Afirmó que buscar justicia en el Estado de México es peligroso porque conlleva amenazas de culpables o autoridades y el maltrato institucional”, concluyó.
