ANÁLISIS DE ESPECIALISTA SEÑALA PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR MÁS DE 2 MIL 700 MDP
PAOLA MARÍN
El doctor en Derecho y especialista electoral Horacio Jiménez presentó un análisis sobre una presunta red de irregularidades en la contratación de materiales electorales, cuyo origen ubica en el Estado de México durante 2005 y que extendió sus operaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales de distintas entidades.
El especialista recordó que, como representante de Convergencia ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), denunció presuntos sobornos, sobreprecios de hasta 300 por ciento y anomalías en la fabricación de urnas y mamparas, hechos que derivaron en la remoción del Consejo General del organismo electoral mexiquense.
De acuerdo con su análisis, los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, vinculados con Cartonera Plástica, habrían utilizado instalaciones sin capacidad suficiente para fabricar los materiales contratados, además de recurrir a la subcontratación de talleres y terceros, pese a las restricciones establecidas en las licitaciones.
El también exdiputado Horacio Jiménez sostiene que, después de aquellos acontecimientos, los empresarios continuaron participando en contrataciones públicas mediante distintas compañías, entre ellas Carton Plast, Rica Plast y Formas Finas, con las cuales presuntamente simularon competencia en procedimientos de adquisición de materiales electorales.
La investigación del especialista señala que este esquema se extendió durante casi dos décadas a por lo menos 23 Organismos Públicos Locales Electorales y al propio INE, mediante contratos que, según sus estimaciones, superaron los 2 mil 700 millones de pesos, situación que plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y transparencia.
El análisis también cuestiona las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, así como los procedimientos utilizados por Talleres Gráficos de México durante los procesos electorales de 2024 y 2025, particularmente por la presunta transferencia de trabajos de producción a empresas privadas.
Horacio Jiménez advierte que estas prácticas podrían constituir violaciones a las disposiciones de contratación pública y a los convenios establecidos para la fabricación de documentación electoral, por lo que considera necesario revisar las adjudicaciones, la capacidad productiva de las empresas y la intervención de funcionarios responsables.
En el análisis, el especialista refiere investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de presuntos bloqueos de cuentas bancarias.
Finalmente, Horacio Jiménez plantea que el caso iniciado en el Estado de México hace más de dos décadas evidencia la necesidad de revisar a fondo los mecanismos de adquisición de materiales electorales, fortalecer la fiscalización y evitar que posibles prácticas de simulación empresarial comprometan la transparencia de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.