SECTORES EMPRESARIALES, TRANSPORTISTAS Y CIUDADANOS DEMANDAN GARANTIZAR EL LIBRE TRÁNSITO SIN VULNERAR EL DERECHO A LA PROTESTA
SUSANA CORREA

Las afectaciones provocadas por bloqueos en carreteras y avenidas han reavivado las exigencias de aplicar sanciones contra quienes impiden el libre tránsito, luego de jornadas de congestionamiento que impactaron a automovilistas, transportistas y sectores productivos en distintos municipios.
Aunque el derecho a la manifestación está protegido por la Constitución, representantes empresariales, transportistas y ciudadanos cuestionan la falta de intervención de las autoridades ante cierres prolongados de vialidades y demandan medidas que permitan conciliar la protesta social con la movilidad de la población.
La legislación federal contempla sanciones por obstruir vías de comunicación. El artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece penas de tres meses a siete años de prisión, así como multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes interrumpan total o parcialmente el tránsito o los servicios en vías federales.
Por su parte, el Código Penal Federal también contempla delitos relacionados con ataques a las vías de comunicación, cuyas sanciones dependen de las conductas y la gravedad de los hechos. En el ámbito estatal y municipal, obstruir la vía pública puede derivar en faltas administrativas o delitos del fuero común cuando existen agravantes, como violencia o retención de vehículos.
Los protocolos de actuación policial privilegian el diálogo y la concertación antes del uso de la fuerza; sin embargo, quienes exigen sanciones sostienen que debe garantizarse el respeto a la protesta pacífica sin permitir afectaciones prolongadas a terceros, la movilidad, las actividades económicas y el acceso a servicios.
