Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 21 de septiembre de 2022.- Para establecer en la Ley del Instituto de la Defensoría del Estado de México la inclusión de la materia laboral dentro del patrocinio público gratuito para los trabajadores que por cuestiones económicas no puedan contratar un defensor particular, la diputada Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar la citada ley.
Refirió que de acuerdo a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante 2021 se iniciaron 7 mil 671 juicios laborales, de los que 2 mil corresponden a la región Toluca, 3 mil 869 a la región Tlalnepantla, 785 a la región Texcoco y mil 17 a la región de Ecatepec.
“De éstos, solo 2 mil 690 fueron concluidos y el 85 por ciento se dieron en procedimiento ordinario. Obtuvieron 452 sentencias, 931 convenios y mil 307 concluyeron a través medios alternos como la negociación entre trabajadores y patrones, en total 10 mil 215 trabajadores se vieron involucrados en estos procesos”, expuso.
Franco Arpero añadió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, la población económicamente activa del Estado de México se conforma por 7 millones 534 mil 295 personas activas laboralmente y 423 mil 825 personas en edad laboral desocupada, además presenta con más frecuencia conflictos individuales de trabajo, pues por cada 100 conflictos registrados a nivel nacional 22 corresponden a la entidad.
Explicó que los motivos más frecuentes por los que se originan conflictos individuales de trabajo son: el 88 puntos porcentuales por despido Injustificado, el 2.2 por ciento por riesgos de trabajo, el 2.3 por ciento por participación de utilidades, el 2.4 puntos porcentuales por violación de contratos y el 5.1 por ciento por otros motivos fuera del marco legal en materia laboral.
Se propone, dijo, que el Instituto de la Defensoría del Estado de México proporcione gratuitamente patrocinio de defensa en materia laboral, siempre y cuando el solicitante sea una persona física, tenga ingresos mensuales menores al monto equivalente a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y no sea representante de organización o gremio sindical.
“La restitución de derechos es parte de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar un acceso libre a la justicia, al tiempo de propiciar las condiciones necesarias para que en el proceso jurídico las y los demandantes no sean vulnerados por cuestiones económicas”, concluyó.
