Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 21 de Febrero de 2022.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó dos iniciativas, la primera tiene como fin ampliar el acceso a un mayor número de jóvenes mexiquenses a la educación superior y, la segunda, busca proteger y garantizar el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos en el Estado de México.

La iniciativa para reformar la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, pretende ampliar el alcance de los estudios profesionales que dicha institución ofrece del nivel de Licenciatura, al marco de los estudios de posgrado como las Especialidades, Maestrías o Doctorados.

«La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, fundada en el año de 1991, fue creada para impartir educación tecnológica de tipo superior y a través de la iniciativa que se presenta, se permite que más jóvenes mexiquenses tengan acceso a una mayor oferta educativa», detalla la propuesta.

Además pretende optimizar el uso de su infraestructura, fortalecer la vinculación Universidad-Empresa e impulsará esquemas de participación que permitan el intercambio de experiencias académicas entre sus estudiantes y profesores, así como la incorporación de nuevas tendencias tecnológicas y culturales al proceso educativo. 

Mientras que la modificación a la Constitución Política del Estado de México tiene como fin incluir el Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos, pues como parte de la reforma en esta materia realizada en el año 2011, las entidades federativas tienen la obligación de armonizar su normatividad local para reconocer diversos derechos, entre ellos, el de la defensa de los derechos humanos.

La iniciativa menciona que este derecho cumple la función de poner en manos de todas las personas la capacidad para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en las leyes y tratados internacionales de los que México forma parte.

Expone que las personas defensoras de derechos humanos, entre otras actividades, investigan casos de vulneración de derechos, denuncian la violación de derechos, asisten a las víctimas de dichas violaciones, apoyan acciones humanitarias y de justicia social, supervisan el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, promueven los derechos humanos y educan a la población en general, y a otras personas defensoras, en sus derechos y su defensa.

Por último, resalta que ante el deber de proteger y garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, trabajan para prevenir los riesgos de ataques o atentados contra defensores, aplicar las leyes que los protegen de actos o medidas de violencia, discriminación o represalias y establecer los recursos necesarios para denunciar violaciones del derecho a la defensa de los derechos humanos.