Grupo Puntual / Carlos Moreno Carreto
TOLUCA, México, 6 de Febrero de 2022.- Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), aseguró que es momento de promover el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que es necesario impulsar una regulación administrativa eficiente, generadora de certeza jurídica y base para la creación de empleos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el 28.2 por ciento de las empresas en el país el marco regulatorio se ha constituido en un obstáculo para hacer negocios, porque la tramitología y la pérdida de tiempo afecta el inicio de sus operaciones.
El estudio de Inegi indica que las pequeñas iniciativas de negocios son las más afectadas al representar el 74.8 por ciento de los casos y consideran que no pueden concretar la instalación de sus negocios, justo por temas vinculados con la realización de trámites y procedimientos administrativos.
Los datos de la referida encuesta indican que más de 200 mil unidades económicas fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, equivalentes al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En ese contexto, Sauza Martínez expresó que generar mejores condiciones para la llegada de inversiones y promover un criterio de confianza que permita el establecimiento de nuevas unidades económicas de manera acelerada, permitirá fortalecer la creación de empleos y mejores remuneraciones, como objetivo común de la reactivación económica en el Estado de México.
El presidente de los empresarios en la entidad aseguró que es un momento importante para agilizar el proceso de apertura de empresas, con sistemas eficientes que permitan a las unidades más pequeñas la oportunidad de iniciar sus operaciones, a partir de un criterio de confianza.
“Lo que pedimos no es un cheque en blanco sino un voto de confianza: que las empresas de bajo impacto puedan abrir prácticamente de forma inmediata y que después se hagan revisiones aleatorias para verificar su operación. En caso de no cumplir, la sanción debe ser ejemplar, pero el proceso debe dejar de ser complicado, porque limita las nuevas inversiones”, concluyó.
