Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 24 de Agosto de 2021.- De 94 mil 246 casos de homicidios registrados en el Estado de México en el año 2020, solo el 7.5 por ciento recibió sentencia condenatoria, dio a conocer Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional y Legal de la entidad (Sectec), quien destacó que la participación ciudadana en el Parlamento Abierto contribuirá a corregir situaciones que, como esta, no se encuentran bien.
Abundó que en el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Seguridad y Justicia, se indicó que de los casos de homicidio registrados en el mismo periodo sólo se obtuvieron 190 carpetas judicializadas con vinculación a proceso y 334 detenidos, por lo que reconoció que las iniciativas ciudadanas que se han analizado en el Parlamento Abierto apuntan a temas que preocupan y deben atenderse.
“Una de las iniciativas ciudadanas busca establecer que sólo puedan alterarse o modificarse las sentencias en juicios de alimentos y patria potestad, mediante incidente especificado y no mediante nuevo juicio, esto con el fin de promover que las y menores puedan acceder a justicia pronta y expedita, particularmente cuando se pase por una crisis sanitaria como la presente”, explicó.
Apuntó que esta propuesta menciona que el Covid-19 ha dejado un sinnúmero de huérfanos, muchos de los cuales tienen ya año y medio sin que se les nombre tutor, y muchos otros que ya llegaron a la adolescencia ya no podrán recibir el beneficio al que tenían derecho, por lo que busca eliminar el requisito de arreglar esta situación mediante un nuevo juicio en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Valdés Rodríguez indicó que también respaldaron la iniciativa que propone considerar los homicidios que resultan de un accidente de tránsito provocado por alguien bajo los efectos del alcohol o estupefacientes como dolosos y no culposos, ya que bajo esta última consideración los causantes pueden salir libres con una multa o sentencias menores de cárcel, lo que no es proporcional a la dimensión del daño.
Agregó que otros consensos fueron para facultar, con la debida capacitación y el perfil adecuado, a los elementos de las policías municipales a hacer investigación del delito, así como expedir la Ley de la Policía Preventiva del Estado de México para evitar que la operación de la policía estatal se haga a voluntad personal o política de los nuevos jefes, o incluso del titular del Ejecutivo Estatal, sino que se haga por sistema y norma para garantizar un actuar claro y condiciones laborales claras a sus integrantes.
“También debatió castigar con penas de 6 a 12 años de prisión y de 150 a 300 días multa, a quien cometa el delito de despojo en contra de personas mayores de 60 años o con discapacidad, quienes lo cometan de manera reiterada, quienes dirijan la invasión, quienes lo instiguen y cuando el despojo se realice por dos o más personas, o si en la comisión del ilícito participan servidores públicos”, añadió.
Por último, dijo, adicionalmente una iniciativa para permitir al licenciado en Seguridad Ciudadana fungir también como Juez de Ejecución de Sentencias, así como una más para castigar penalmente a quienes operen rastros al margen de la ley y a quienes incumplan las normas para la matanza de animales.