Una persona que paga para ser transportada a otro país de manera ilegal deja de considerarse un ser humano y se convierte en un objeto en manos de traficantes que tienen como único objetivo conseguir dinero sin tomar en cuenta la vida de quien transportan.

Las ganancias que este delito deja al crimen organizado ascienden a 6.6 mil millones de dólares anuales sólo en la frontera entre México y Estados Unidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En México, la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo del 1 de septiembre 2015 al 1 de junio 2016 liberó a mil 27 migrantes provenientes del conocido “Triángulo Norte” conformado por Guatemala, Salvador y Honduras. Entre los rescatados también se encontraban varios hindúes.

En la PGR, el 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/117/15 sobre la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

Esta unidad tiene como tarea facilitar el acceso a la justicia a los migrantes y a sus familias. Además, realiza la búsqueda de personas desaparecidas e investiga y persigue los delitos cometidos por o en contra de personas indocumentadas.