- De aprobarse la iniciativa, sería legal interrumpir embarazos durante las primeras 12 semanas de gestación
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 4 de Noviembre de 2021.- El grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso reformas a diversos ordenamientos legales del Estado de México, con el fin de que en la entidad se permita la interrupción legal del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.
A nombre de la bancada, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, resaltó que la propuesta obedece a la urgente necesidad de regular esta materia, sobre todo porque ha sido una exigencia social de miles de mujeres y de diversos colectivos que se han manifestado al respecto, acentuando la necesidad de establecer la posibilidad de la interrupción legal del embarazo para que sea de forma optativa quien desee someterse a tal procedimiento.
Indicó que la iniciativa propone que la mujer que interrumpa su embarazo después de la décima segunda semana de gestación o consienta que se le practique el aborto, una vez transcurrido el plazo legalmente permitido, se le impondrán de seis meses a 1 año de prisión o de 50 a 200 días multa, sin embargo, se privilegiará la capacidad económica y podrán conmutarse los días multa, por trabajo a favor de la comunidad.
“A la persona que interrumpa el embarazo de una mujer con su consentimiento, en los términos de lo previsto en la fracción anterior, se le impondrá de 6 meses a 1 año de prisión o de 50 a 200 días multa. A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, en cualquier momento de la gestación, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Si además mediara violencia física o moral, se le impondrá de 6 a 8 años de prisión y de 200 a 400 días multa”, precisó.
Burgos Hernández añadió que en México, la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, son las entidades que han legislado a favor de la interrupción legal del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación, es decir, son actualmente cuatro estados que han previsto en su marco legal el aborto seguro como una prestación de salud pública.
“En México, entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue registrada como aborto, sin embargo, la cifra es una subestimación de las muertes por dicha causal, pues no incluye todas las muertes que estuvieron relacionadas con la práctica de un aborto pero que fueron registradas con una causa de muerte específica, por ejemplo, de sepsis o hemorragia”, añadió.
Resaltó que el Poder Legislativo debe generar las condiciones normativas desde lo local para que se garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo junto con sus necesidades específicas, lo que entraña la obligación de velar por que ellas accedan a la justicia, a la información, a servicios oportunos y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva, eliminando cualquier posibilidad de discriminación o penalización en su contra.
Finalmente, señaló que legalizar la interrupción del embarazo, no implica que sea obligatorio o que se recurra a éste como un método anticonceptivo, sin embargo, al estar penalizado, criminaliza a todas las mujeres, quienes se ven obligadas al aborto inseguro con todas las implicaciones que conlleva con relación al detrimento de su salud e incluso su vida.
