- En 2020, 9 mil 700 personas fueron desplazadas por la violencia e inseguridad en México
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 17 de Febrero de 2022.- Para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, así como establecer las bases mínimas de prevención y las medidas de atención, asistencia, ayuda y protección, la diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso expedir la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de México.
Indicó que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documento en 2020, a 9 mil 700 personas desplazadas por la violencia e inseguridad en México, fenómeno del que no es ajeno el Estado de México porque algunos de sus municipios forman parte de la región denominada “Tierra Caliente”, caracterizada por concentrar gran parte de la actividad de los grupos delictivos dedicados al crimen organizado y al narcotráfico que operan en el país.
“De acuerdo al análisis Migración interna por violencia o inseguridad en México, elaborado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, la entidad se ubica dentro de los cinco estados que reportaron un mayor número de casos de desplazamiento forzado interno por violencia e inseguridad, ubicándose en el segundo lugar”, explicó.
Labastida Sotelo añadió que de acuerdo al análisis citado, por causas de violencia e inseguridad, el Estado de México es receptor y expulsor de población en situación de desplazamiento forzado interno, pues en el año 2018 ingresaron 2 mil 396 personas y salieron 22 mil 152, es decir, por cada persona que ingresó por causa de la violencia e inseguridad salieron 9.2.
Resaltó que entre los factores generadores de violencia e inseguridad que pueden estar vinculados con el desplazamiento forzado interno, se identificaron las altas tasas de delitos de acto impacto (homicidios dolosos, feminicidios, secuestro, extorsiones, desapariciones forzadas y violencia sexual), los altos niveles de corrupción e impunidad, así como las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, ya sea por acción, omisión o aquiescencia.
“El proyecto, atendiendo las recomendaciones nacionales e internacionales, tiene como fin asegurar que exista un marco legal para garantizar a las personas en situación de desplazamiento forzado interno sus derechos, crear estructuras gubernamentales efectivas que coordinen la respuesta local, agilizar la prestación de ayuda humanitaria y asignar financiación suficiente para respaldar el proceso de desplazamiento”, aseveró.
Mencionó que también propone una reforma al Código Civil del Estado de México para proteger los bienes inmuebles propiedad de las víctimas que se han visto obligadas o forzadas a abandonarlos y que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, para que no proceda la usucapión contra ellos y evitar que pierdan sus bienes injustamente.
Finalmente, dijo que a pesar de que durante años se ha evitado reconocer la existencia, la gravedad, las causas y las consecuencias del desplazamiento interno y su invisibilización resulta de la falta de atención integral de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, la propuesta busca no sólo un acercamiento a la atención del problema, sino a un proceso de justicia y memoria para sus víctimas.