- Busca que se respeten los topes presupuestales para que la comunicación no influya en procesos electorales
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 9 de Agosto de 2020.- Con el objeto de establecer el marco legal que obligue a los entes públicos a garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y honradez, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para expedir la Ley de Comunicación Social del Estado de México.
En sesión deliberante, añadió que la propuesta también busca que se respeten los topes presupuestales, así como los límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, ello con el fin de que durante los procesos electorales la comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos
“Esta medida no podría completarse e implementarse de forma efectiva si no se lleva a cabo la homologación de las legislaciones estatales, construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo los ordenamientos que no se apeguen a esta importante política, que busca ordenar, otorgar certeza y transparentar los recursos destinados a este rubro, y que suelen ser manejados indebidamente, especialmente en el Estado de México desde hace muchos años”, abundó.
Burgos Hernández indicó que la iniciativa propone la creación de la Unidad Administradora, equivalente a la Secretaría Administradora prevista en la Ley General de Comunicación Social, para que sea la instancia dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y dé seguimiento a los esfuerzos comunicacionales con base en las estrategias y programas anuales que cada ente público o dependencia realicen.
También, dijo, se propone crear el Sistema Público de Comunicación Socia a cargo de la Secretaría de la Contraloría y tiene como fin llevar a cabo el control y vigilancia de la contratación de la comunicación, mismo que será alimentado con la información que provean todos los entes públicos, órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado mediante sus órganos internos de control, informe que proporcionarán dentro de los diez primeros días naturales de cada mes.
Añadió que la iniciativa propone reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para que los recursos estatales en materia de comunicación social se revisen y fiscalicen, en ejercicio de la facultad más importante del Poder Legislativo, que es vigilar el ejercicio del gasto público.
“Además de la homologación con la Ley General de Comunicación Social como una acción encaminada a generar una línea concordante desde el gobierno federal hasta el municipio, la transparencia y rendición de cuentas que propone este instrumento, permitirá a los mexiquenses continuar empoderándose y tomando el papel relevante que deben alcanzar, con el fin de hacer efectiva la participación ciudadana en la entidad”, concluyó.