Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 10 de Febrero de 2022.- Penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días multa, a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada, para hacerse pasar por él o ella, fueron propuestas por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
A nombre de la bancada, la diputada Juana Bonilla Jaime, indicó que la reforma al Código Penal del Estado de México en materia de usurpación de identidad y fraude electrónico, tiene la finalidad de disminuir diversos hechos delictivos relacionados con este tema.
“Cuando el delito se comenta por sí o por interpósita persona, mediante alguna manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos o intercepción de datos de envío, se atribuya, utilice o disponga de información, imágenes, o documentos de otra persona física o jurídico colectiva, la pena se incrementará hasta en una tercera parte”, explicó.
Bonilla Jaime añadió que actualmente el auge en los crímenes digitales ha puesto en jaque a los usuarios de internet, sitios web, emprendedores y corporaciones, generando pérdidas por miles de millones de dólares al año con tendencia al alza, debido a que cada día los cibercriminales mejoran o evolucionan sus métodos para lograr acceder a la información personal y confidencial de las víctimas y con ello poder obtener un lucro económico o crear un daño a terceros.
Añadió que las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen un papel relevante para el desarrollo de la vida de las personas y por lo que no pueden dejar lagunas legislativas en cuestiones tan relevantes para el correcto desenvolvimiento social, por lo que la propuesta busca proteger el derecho a la identidad y las relaciones comerciales que se gestan a través de las tecnologías de la información.
Indicó que actualmente el Código Penal tipifica el delito de usurpación de identidad y sanciona a la persona que ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, sin embargo, aunque la redacción vigente es funcional para diversos casos, no está actualizada para la realidad actual porque muchas de las interacciones ya se realizan en los medios electrónicos.
“Hoy en día es muy fácil descargar una aplicación o crear un correo electrónico bajo cualquier nomenclatura, en esas condiciones muchas personas operan para hacerse la identidad de un tercero y poder así realizar acciones en su nombre sin importar las consecuencias para los afectados”, concluyó.
