- Exigen vida justa y digna, plena igualdad y representación política
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 5 de Septiembre de 2019.- Que se reconozca constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, tener reconocimiento al inalienable derecho a la libre determinación, tener competencias constitucionales para ejercer la autonomía en el ámbito comunitario, así como reconocer constitucionalmente las características y principios que rigen a los municipios indígenas, son algunas de las demandas de diversos colectivos.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, Edith Cruz Cecilio, dirigente de la Central Campesina Cardenista en la región Atlacomulco, agregó que en el Estado de México se reconocen 43 municipios indígenas pero ninguno tiene un ayuntamiento con libre determinación, ya que todos fueron electos vía constitucional de manera electoral, pero ninguno con base a la libre determinación de su pueblo, muchos de ellos definidos como indígenas, tema en el que la entidad está atrasada.
“Reclamamos el reconocimiento y ejercicio de la autonomía en el ámbito regional para reconstituirnos como pueblos, asociarnos libremente entre comunidades y municipios indígenas y afromexicanos. Planteamos que se garanticen y se implementen los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres indígenas y afromexicanas”, añadió.
Cruz Cecilio indicó que es necesario que se constituyan las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales para alcanzar una vida justa y digna que permitan lograr la plena igualdad, particularmente en lo que a la participación y representación política se refiere.
“En todos los ámbitos hablamos de igualdad, porque está de moda, pero en la realidad, no existe y menos en los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas somos las más maltratadas, una por ser mujer y otra por ser indígena, nuestra lucha es doble todos los días”, añadió.
Finalmente, tras solicitar el reconocimiento a las tierras, territorios y bienes o recursos naturales, así como de su capacidad organizativa basada en los conocimientos ancestrales para protegerlos y aprovecharlos colectivamente, exigió que los aprovechamientos y proyectos económicos que se realicen en su territorio, sean consultados de manera libre, previa e informada, así como de buena fe.