• Cobra José Humbertus Pérez Espinoza por solicitudes de amnistía, de las cuales ninguna ha liberado a nadie

Grupo Puntual / José Contreras Contreras

TOLUCA, México, 26 de Agosto de 2021.- Entre 2 mil 500 y 5 mil pesos cobra el “defensor social” José Humbertus Pérez Espinoza para “tramitar” ante los Poderes Legislativo y Judicial la oportunidad de que una persona privada de la libertad salga libre a través de la Ley de Amnistía que aprobó la LX Legislatura local, con el objetivo de corregir probables errores cometidos en los juicios.

José Humbertus Pérez Espinoza, a través de la organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, desarrolló un gran negocio con la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, en el cual, se calcula, ha generado hasta el momento ingresos por más de 1 millón 250 mil pesos, lo que bien podría incluso superar los 5 millones de pesos.

Ingrid Alcántara, madre de una mujer privada de la libertad actualmente en la penitenciaría estatal de Chalco, relató el modus operandi de José Humbertus Pérez Espinoza, mediante el cual, dijo, “ha hecho un gran negocio de la Ley de Amnistía del Estado de México”.

“A mi hija le dijeron en la cárcel que nos dijera que buscáramos en Facebook al señor Humbertus Pérez Espinoza, mediante su organización Presunción de Inocencia, que él podría ayudarnos para sacarla de prisión. Y así lo hicimos, mediante el mensajero del Facebook contactamos y nos respondió; nos pidió información del caso de mi hija, quien entonces estaba en Santiaguito, en Almoloya de Juárez, pero luego la trasladaron a la cárcel de Chalco, por una imposición del director del penal”, relató.

“Nos citaron en un restaurante cerca del penal de Chalco, en Los Cochinitos, en Chalco, y ahí nos entrevistamos con un abogado que se identificó de la organización del señor José Humbertus Pérez Espinoza, quien le había asignado el caso. Le entregamos copia completa del expediente de mi hija; nos dijo que lo estudiarían y que determinarían si era o no beneficiaria de la Ley de Amnistía”, añadió.

“Nos contactó telefónicamente a los tres días, y nos dijo que, en efecto, que ya habían estudiado el caso de mi hija, y que ellos consideraban que sí era viable presentar la solicitud de amnistía para ella, basados en que mi hija fue sujeta a tortura para arrancarle la confesión que le tiene presa”, precisó.

“Nosotros nos pusimos muy alegres, porque habíamos encontrado una luz al final del túnel en el que habíamos caído desde la aprehensión de mi hija, y luego nos dijo el abogado del señor Humbertus que si queríamos que ellos se hicieran cargo del asunto, que tendríamos que hacer una serie de depósitos de dinero a unas cuentas y tarjetas bancarias, para los gastos de representación legal. Nos pidieron primero mil 500 pesos, a los tres días nos marcaron nuevamente y nos dijeron que ya estaba lista la solicitud de amnistía, que teníamos que vernos para firmarla y que ellos la presentarían ante la Comisión Legislativa de la Ley de Amnistía, pero para hacerlo ellos necesitaban 2 mil pesos, que se los tendríamos que entregar en efectivo, personalmente, en el lugar donde firmaríamos la solicitud de amnistía”, abundó.

“Hicimos la cita y nos vimos, llegando el abogado nos dijo que le entregáramos el dinero, y que él nos daría la carta. Así lo hicimos, le entregamos cuatro billetes de a 500 pesos; él sacó de su portafolios un folder y de ahí la solicitud de amnistía en papel membretado de la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. Firmé la solicitud, y se despidió el abogado, nos dijo que en unos 15 días íbamos a tener noticias del trámite, pero todavía lo seguimos esperando. Le hemos marcado decenas de veces al teléfono y ya hasta nos bloqueó. Ni siquiera sabemos si en verdad se presentó la solicitud de amnistía de mi hija”, acusó.

Ingrid Alcántara señaló que ella no es la única que ha confiado en la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, que encabeza José Humbertus Pérez, pues ella ha tenido contacto personal con por lo menos otras 5 personas que son familiares de internas del penal de Chalco que han hecho prácticamente lo mismo y entregado cantidades de entre mil 500 y 5 mil pesos para supuestamente tramitar la amnistía de sus internas.

“A estas alturas nos parece que se trata de un gran fraude que se sustenta en la esperanza que todos tenemos de volver a ver libres a nuestros familiares, porque creímos que podíamos confiar en la buena voluntad de alguien que sabe lo difícil que es la vida en prisión, nunca pensamos que Pérez Espinoza nos fuera a defraudar de esa forma y menos que nos iba a arrancar el poco dinero que tenemos, aprovechándose de la situación que viven nuestros familiares que están privados de la libertad”, dijo.

Finalmente, solicitó respetuosamente al Gobernador Alfredo del Mazo Maza, a los diputados que integran la comisión legislativa de seguimiento a la Ley de Amnistía, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, que revisen la actuación de José Humbertus Pérez Espionoza y su organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, “porque se están haciendo millonarios a costa de la esperanza de quienes anhelamos ver nuevamente libres a nuestros familiares”.

“Tenemos pruebas, muchas pruebas, como grabaciones, fotografías y videos, de las reuniones con los representantes de José Humbertus Pérez Espinoza, donde se puede demostrar claramente cómo están haciendo de la Ley de Amnistía un gran negocio, utilizando a quienes están privados de su libertad, y de la inocencia de algunas personas que creemos todavía en la justicia y en los beneficios que supuestamente puede tener para los presos y presas la Ley de Amnistía del Estado de México”, concluyó.