- Prevé hasta 11 años de prisión a quien difunda imágenes de víctimas de violencia y cadáveres de mujeres
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 17 de Agosto de 2021.- El Ejecutivo Estatal publicó en la Gaceta de Gobierno el Decreto que avala penas de tres a seis años de cárcel, con posibilidad de elevarlas de 9 a 11 años, a quien por cualquier medio, y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Las reformas al Código Penal del Estado de México, aprobadas por la Legislatura local en el pasado mes de julio, presentada por los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), establece que tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de niñas, mujeres o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años.
El documento menciona que cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, es decir, hasta 11 años.
La reforma esta encamina a la protección de niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional, y responde a los lamentables hechos relacionados con el crimen de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020, víctima de feminicidio y de quién circularon fotografías de su cuerpo desmembrado en redes sociales y en periódicos oficiales.
Lo anterior, menciona, es el reflejo del incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron el caso, en donde se investigó a seis agentes tras la filtración de las imágenes, sin tener una resolución, acción que dio lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y otras seis entidades del país, conocida como “Ley Ingrid”.
Este problema, indica, no sólo conlleva el sufrimiento de la familia de saber la pérdida de un ser querido, sino también la poca falta de sensibilidad con la que las investigaciones son llevadas a cabo que lastima a las familias y la memoria de las víctimas, y lamentablemente en la entidad se han suscitado casos en los que se filtran imágenes de las víctimas de feminicidio, promoviendo una cultura de violencia institucional que vulnera los derechos y la dignidad de las víctimas.
Finalmente, resalta que las reformas servirán como una medida preventiva en contra de este tipo de violencia para que las mujeres recuperen el control de su imagen, sancionar a los servidores que practican estas conductas y garantizar a las mujeres la protección de su dignidad, que debe considerarse un derecho humano.
