Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 15 de Julio de 2021.- Si bien en el gobierno federal hay preocupación por el contrabando de combustibles, la autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado para las mercancías de petrolíferos, hidrocarburos, minerales y otros precursores químicos, sólo podrán tenerla las empresas productivas del Estado, esto irá en perjuicio de las empresas de la iniciativa privada.
De acuerdo a la International Chamber of Commerce México (ICC México), con dicha disposición se van a perder casi 30 por ciento de las operaciones que se realizan solamente por puertos, tendrá un impacto in crescendo en la recaudación de impuestos para el país desde el punto de vista de los importadores, además de que adquirirá un efecto expropiador porque la infraestructura para descarga de recintos fiscalizados que existe en los puertos es, que en su mayoría son de propiedad privada.
Además señala que representa un gran golpe económico no sólo por lo que ya existe y se va a perder, sino también por lo que se va a dejar de invertir, es una medida discriminatoria porque solamente las empresas productivas del Estado podrán tener dicha autorización, además de que podría provocar desabasto de hidrocarburos y productos relacionados, ya que las empresas productivas dependen, en importante medida, de las importaciones de los particulares.
“En momentos de grave crisis económica, empleo y salarios, producto de la pandemia por el SARS-CoV2, impactará en millones de puestos de trabajo de las empresas que se verán afectadas por la reducción de sus operaciones. La norma es contraria a los fundamentos por los que México se integró a tratados internacionales de libre comercio, entre ellos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, resalta.
Tras señalar que es entendible la preocupación del Gobierno Federal por el contrabando de combustibles, indican que apoyan los esfuerzos por terminar con tales prácticas que dañan los recursos de la Nación y existe la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de la supervisión del cumplimiento en esta materia, así como la colaboración interinstitucional.
Sin embargo, se debe impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y alentar la inversión en el país, por lo que el fortalecimiento del marco legal aplicable debe realizarse con respeto al Estado de Derecho, incluyendo los derechos constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de reserva de ley, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley.
Por ello, hicieron un llamado a proteger los derechos fundamentales para el mejor desarrollo económico y social del país como son la libertad de trabajo, la competencia económica, el libre comercio, la igualdad, la confianza legítima y el trato no discriminatorio.