SE INVESTIGA A SERVIDORES Y EXSERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO A PARTICULARES, POR PRESUNTAMENTE COBRAR CUOTAS Y PRESIONAR A CONCESIONARIOS
PAOLA MARÍN
Una presunta red de extorsión vinculada con autoridades ambientales del Estado de México habría obtenido cientos de millones de pesos mediante cobros ilegales a propietarios de verificentros, revelaron investigaciones de la Fiscalía General de Justicia estatal.
Las indagatorias señalan la probable participación de servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, exfuncionarios y particulares, quienes presuntamente condicionaban permisos, revalidaciones, hologramas y funcionamiento de los centros a cambio del pago de cuotas.
La Fiscalía documentó que el esquema habría operado al menos desde diciembre de 2023 y contemplaba pagos mensuales de hasta 200 mil pesos por verificentro, además de cobros adicionales por cada línea de verificación y supuestas revalidaciones.
De acuerdo con testimonios incorporados a las investigaciones, la red pretendía reunir una bolsa adicional superior a 430 millones de pesos mediante el cobro de 500 mil pesos por cada línea de verificación. Actualmente existen 878 líneas operando en los 163 verificentros de la entidad.
Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto y vinculados a proceso; el primero por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad. La Fiscalía continúa las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y determinar el monto total obtenido mediante este esquema.