- Hay una deuda pendiente con usuarios y peatones, incluso personas con discapacidad
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 8 de Diciembre de 2020.- Con el fin de fortalecer la participación de los gobiernos municipales en la implementación de políticas orientadas a facilitar el desplazamiento de las personas en las zonas urbanas, con un enfoque de sustentabilidad e inclusión, la diputada Ingrid Schemelensky Castro y el diputado Javier González Zepeda, integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad del Estado de México.
Schemelensky Castro agregó que al hablar de movilidad, las autoridades municipales ocupan un papel importante porque son las responsables de las medidas y programas para la mejora y uso de espacios públicos, calles, avenidas y vialidades en su territorio, pero con las restricciones por la contingencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19, los conductores han incrementado la velocidad al haber una menor cantidad de vehículos en circulación, lo que ha provocado un incremento en el número de accidentes viales.
“La infraestructura urbana aún no está diseñada para las personas con alguna discapacidad, en la entidad el 94 por ciento de las vialidades no cuentan con rampas para discapacitados y mucho menos, cuentan con infraestructura para personas con discapacidad visual o auditiva de acuerdo al Inventario Nacional de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, añadió.
Por ello, dijo, la iniciativa propone movilizar a los gobiernos municipales con estrategias que lograran el cumplimento de los objetivos primordiales de la movilidad urbana sustentable e incluyente, como integrar criterios de inclusión, resiliencia, seguridad y sostenibilidad en las vialidades y calles, en el ámbito de su competencia, así como implementar nuevos modelos de rediseño de calles y avenidas para disminuir los tiempos de traslado.
Schemelensky Castro abundó que busca promover las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad que asegure la comodidad y fluidez vial entre peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos automotores, además de la implementación y adecuación de su infraestructura urbana para garantizar el acceso universal de las personas con discapacidad a los lugares públicos, ya sea motriz, visual o auditiva.
“Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar las condiciones de la movilidad, los esfuerzos siguen siendo aislados y desarticulados, por ello, para establecer una verdadera política pública de movilidad sustentable en las zonas urbanas de la entidad, es necesario reforzar el marco normativo para el desarrollo y aplicación de instrumentos que permitan planear, diseñar y ejecutar proyectos en el ámbito municipal”, indicó.
Finalmente, enfatizó que entre los beneficios de institucionalizar una política de movilidad en el ámbito municipal, están mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir los accidentes viales, así como generar equidad en el acceso a los servicios de la ciudad, brindando mayores oportunidades para todos.