• Se acabaría la práctica de empresas e instituciones de obligar a firmar renuncias desde la contratación

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 1 de Diciembre de 2020.- El diputado José Antonio García García, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), propuso reformar el Código Penal para establecer sanciones de hasta 6 años de prisión a quien por cualquier medio, obligue o condicione a otro a firmar documentos en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, lo cual implique la renuncia a sus derechos a una sociedad, corporación o empresa, institución privada o pública, así como documentos que le impongan obligaciones sin previo acuerdo, o tengan como fin menoscabar o anular sus  derechos.

«Dicha propuesta tiene la finalidad de proteger, salvaguardar y otorgar certeza jurídica a la y los trabajadores mexiquenses, además de que tiene como fin combatir cualquier practica que menoscabe y vulnere los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como privado, por lo que es necesario contar con un marco normativo que establezca las herramientas jurídicas para su  amplia protección», añadió.

García García detalló que tanto en el país como en la entidad, el trabajo constituye un derecho protegido y contemplado, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por leyes secundarias y ordenamientos jurídicos de la entidad mexiquense, que otorgan garantías para que los trabajadores desempeñen un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, recibiendo una remuneración adecuada y digna, además de protección social.

Sin embargo, dijo, a pesar de contar con dichos ordenamientos jurídicos, lamentablemente en la actualidad persisten prácticas ilegales recurrentes que vulneran y menoscaban los derechos de los trabajadores, destacando la condicionante como requisito para ser admitidos en un centro de trabajo ya sea público o privado, de obligar a los trabajadores a firmar una hoja en blanco, la cual es utilizada posteriormente como renuncia voluntaria que deja sin otorgarle las prestaciones de ley que le corresponden a los trabajadores, tales como el pago de indemnizaciones que corresponden a una liquidación adecuada.

Manifestó que datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los despidos injustificados son la tercera parte de los casos que llegan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los cuales el 60 por ciento corresponden a renuncias forzadas.

«Si bien, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48 Bis, inciso c), establece de forma expresa la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, lo cierto es, que dicha legislación no establece sanciones adecuadas y ejemplares que ayuden a desincentivar este tipo de prácticas ilegales y abusivas», explicó.

Por último, señaló que diversos estados de la república como Tamaulipas y Coahuila han avanzado dentro su legislación penal, estableciendo sanciones a este tipo de prácticas abusivas que recurren los patrones que trasgreden los derechos de los trabajadores.