Miguel Calderón, vicepresidente de Planeación Estratégica de Telefónica, afirmó que Aproximadamente 70% de las compras o contratos tecnológicos que hace el gobierno favorece a Teléfonos de México (Telmex).
“Hicimos un estudio y detectamos que 70% de todos los contratos que tiene el gobierno se los da a América Móvil”, puntualizó.
Cristina Ruiz de Velasco, directora de Asuntos Externos de AT&T México, añadió que es necesario que las compras de gobierno de servicios de telecomunicaciones sean debidamente desglosadas para que puedan participar todos los competidores en cada segmento.
En el marco del Mexican Forum Telecom, Calderón dijo que es un “falso paradigma que más competidores es más competencia; es mas competitivo tener tres jugadores con 33% de participación de mercado cada uno que tener 10 jugadores pero uno con 70 por ciento”.
También, Cristina Ruiz explicó que actualmente en México la red 4G LTE de AT&T ya cubre a 74 millones de personas, lo que significa que los usuarios pueden conectar a velocidades hasta seis veces más rápidas que la red 3G.
Dio como referencia que la telefónica estadounidense ha manifestado al Instituto Federal de Telecomunicaciones medidas que se deben cambiar para que el mercado realmente pueda ser competitivo.
Por ejemplo, la interconexión, en la que según AT&T se debe permitir a operadores que no son preponderantes cobrar tarifa de interconexión razonable que incluya costos de terminación.
En cuanto al acceso a infraestructura pasiva, la ejecutiva dijo que es necesario que el regulado obligue a Telmex a dar información exacta de torres, postes, ductos, entre otros.
Al respecto, Nimbe Ewald, directora general de regulación técnica del IFT, dijo que el 31 de octubre finalizó la consulta de inventario de infraestructura de telecomunicaciones.
Se prevé que los lineamientos sean emitidos en marzo del 2017, los cuales servirán como herramienta para la toma de decisiones y diversos actores del sector tendrán acceso a ella y podrán tomar decisiones informadas.
AT&T y Telefónica coincidieron en que es fundamental que a los operadores se les permita la replicabilidad de las ofertas del preponderante, pues éste debería tener la obligación de solicitar la autorización previa del IFT para publicar y comercializar cualquier oferta de contenido de video, aplicaciones o servicios.