Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 28 de marzo de 2023.- La Legislatura del Estado de México, aprobó las reformas por las cuales los Ayuntamientos deberán de transmitir las sesiones de cabildo por internet a través de sus páginas web y publicar de forma oportuna sus temas, así como la reforma constitucional que establece el derecho de toda persona a un buen gobierno, abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, incluyente y racional.

La primera de las propuestas de la autoría del diputado Sergio García Sosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), que reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, decreta que además de que los Ayuntamientos deben transmitir sus sesiones de cabildo en plataformas y redes sociales, también tienen la obligación de publicar el orden del día por lo menos 12 horas antes de la celebración de la reunión.

El decreto establece que los Ayuntamientos deberán llevar a cabo sesión de cabildo por lo menos una vez cada ocho días en sesión ordinaria o cuantas veces sea necesario en asuntos que sean de urgente resolución y sesiones extraordinarias.

De los 125 Gobiernos municipales del Estado de México, se estima que 113 cuentan con páginas electrónicas, 119 páginas de Facebook, 74 con cuenta de Twitter, 49 con cuenta de Instagram y 19 cuentan con blogs.

Mientras que la segunda propuesta, misma que fue avalada previamente por los Ayuntamientos, reforma la Constitución Política del Estado de México con el fin de integrar al texto constitucional el derecho fundamental de los ciudadanos de tener una buena administración pública, lo que implica poner a las personas en el centro de la actividad administrativa del Estado.

La iniciativa ahora dispone en el artículo 5 constitucional que toda persona tiene derecho a una buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y racional.
Establece que será el Estado quien provea y vigile este derecho, mientras que la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento.

Al reconocerse como un derecho fundamental el principio de buen gobierno, obligará a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funcionen actúen bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz, eficiente e incluyente, procurando el interés público.