- Prevalecen conductas del personal de salud como el trato deshumanizado, uso de lenguaje inapropiado, grosero y discriminatorio
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 8 de Noviembre de 2019.- Los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, por unanimidad de votos, aprobaron las reformas al Código Administrativo del Estado de México, que tienen como fin establecer políticas públicas que generen medidas de prevención para evitar la violencia obstétrica.
La propuesta de la diputada Berenice Medrano Rosas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señala que la violencia obstétrica es una forma de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, generada en el ámbito de la atención al embarazo, parto y puerperio en la prestación de servicios de salud públicos y privados, en la cual confluyen la violencia institucional y la de género.
“En los últimos cinco años, 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron, los diferentes tipos de violencia se traducen en prácticas invasivas como el tacto realizado por más de una persona, el uso de fórceps, el raspado de útero sin anestesia, la práctica de cesárea sin justificación médica y el suministro de medicación innecesaria”, explica la propuesta.
También prevalecen conductas del personal de salud como el trato deshumanizado, uso de lenguaje inapropiado, grosero y discriminatorio y omisión de información sobre la evolución del embarazo.
“La iniciativa propone que la Secretaría de Salud desarrolle programas para fomentar la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencia obstétrica, así como coordinar la implementación de políticas públicas transversales y la elaboración de programas de promoción, orientación y prevención, orientadas a erradicar la violencia obstétrica”, añade.
Finalmente, menciona que se busca apoyar a las mexiquenses para que gocen de garantías elementales que señalan diversos ordenamientos jurídicos para que no sean violentadas con actos que atentan contra su dignidad.