Por: Antonio Huerta Gutiérrez

La elección de autoridades auxiliares en los 125 municipios del Estado de México son un ejercicio político-democrático que debería ser apartidista, pues, se supone, tendrían que ser los ciudadanos los que decidieran libremente quiénes deben representarlos ante los ayuntamientos y, desde esa trinchera, impulsar acciones, programas, obras y políticas públicas en beneficio de las comunidades. Sin embargo, eso solamente es en el papel, pues en la realidad es que ese proceso está absolutamente politizado, todos, absolutamente todos los partidos políticos tienen las manos metidas, y hasta el fondo. La lógica política que sustenta tal intromisión, que de origen es ilegal, es que aquel instituto político que sea capaz de “colocar” más delegados y subdelegados tendrá mayor control político y operativo en los próximos ejercicios electorales de esta entidad. Las autoridades electorales, federal y estatal, saben perfectamente que esto sucede, pero con voltearse al otro lado basta.