EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC AFIRMA QUE CUMPLIR LA RESOLUCIÓN COMO ESTÁ PLANTEADA REBASARÍA SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PUES SE REQUERIRÍA DE MÁS DE 6 MDP
ARMANDO PADILLA

El gobierno de Ecatepec solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender o modificar el proyecto de resolución del amparo en revisión 13/2026, al considerar que su cumplimiento, en los términos propuestos, implicaría una inversión superior a los seis mil millones de pesos, monto que calificó como técnica y financieramente inviable.
En un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la presidenta municipal Azucena Cisneros expuso que su administración ha mejorado el suministro de agua potable mediante la rehabilitación de pozos, redes de distribución, reparación de fugas, combate al robo de agua y la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc.
Aseguró que estas acciones han beneficiado a todo el municipio, especialmente a la Quinta Zona, donde viven los promoventes del amparo.
La alcaldesa de Ecatepec señaló que el proyecto de resolución contempla medidas como la instalación de medidores y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 para garantizar la calidad del agua.
Explicó que solamente el cambio de medidores en la Quinta Zona requeriría alrededor de dos mil millones de pesos, mientras que la modernización de la infraestructura hidráulica demandaría otros cuatro mil millones.
Azucena Cisneros sostuvo que varias de las obligaciones planteadas ya se cumplen, entre ellas el suministro diario de agua a los quejosos mediante pipas y la ampliación del servicio por la red hidráulica. Añadió que el abastecimiento se brinda sin distinción entre quienes promovieron el amparo y el resto de la población de esa región.
La alcaldesa reconoció que la instalación de medidores y el mejoramiento integral de la infraestructura podrán concretarse de manera gradual. Atribuyó el rezago a décadas de falta de mantenimiento en pozos, redes de distribución e infraestructura hidráulica, además de problemas como fugas, extracción ilegal de agua y la histórica dependencia del suministro mediante pipas.
Como alternativa, el gobierno municipal pidió a la Suprema Corte eliminar del proyecto la obligación inmediata de cumplir con la NOM-127-SSA1-2021 o, en caso de aprobarse el proyecto en sus términos actuales, conceder un plazo de 12 meses para iniciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el amparo.
